Los reclamos al fin fueron escuchados.
Por disposición de un juez, los polémicos radares de tránsito de Durán fueron suspendidos indefinidamente.
Cientos de usuarios habían denunciado los permanentes abusos de los dispositivos, que aplicaban multas por supuesto exceso de velocidad, muchas veces sin sustento técnico.
La Autoridad de Tránsito de Durán (ATD), que había contratado al Consorcio de Seguridad Vial de Durán (Sevidu) para la instalación de los radares, confirmó que, debido a irregularidades en los contratos, un juez suspendió la acción de los aparatos.
Previamente, los afectados interpusieron una acción de protección, que fue aceptada.
Entre las irregularidades denunciadas, está que la empresa Sevidu no ha implementado un sistema eficiente de notificaciones de multas, que permita enlazar las bases de datos de la Agencia Nacional de Tránsito la de ATD. Por tanto, las notificaciones no llegaban a tiempo a los ciudadanos.
En muchos casos, el informe de la multa llegaba un mes después, impidiendo así el derecho a impugnarla.
También hubo quejas de “multas fantasmas”. La situación llegó a tal punto, que los conductores calificaban a los radares como “vacunadores”.
Por último, el contrato de concesión, que daba al consorcio un fuerte porcentaje de las multas, limitaba la capacidad de ATD de intervenir.
La corrupción se hizo tan evidente que el propio alcalde de Durán, Luis Chonillo, detalló que la empresa contratada realizó una inversión por la suma de 1’600.000 dólares, valor que fue recuperado apenas en el segundo mes de operatividad, puesto que sus ingresos mensuales por concepto de multas representan aproximadamente un millón mensual.
Por tanto, ordenó suspender las multas en la avenida Nicolás Lapentti.
