La situación de las cárceles de Ecuador es crítica. Lo es desde hace al menos dos años, pero este martes el nivel de violencia interna se salió de control. Al menos 75 presos murieron y hubo ocho heridos en una serie de motines simultáneos registrados en tres centros penitenciarios del país. El presidente Lenín Moreno aseguró que detrás de los enfrentamientos entre reos hay “organizaciones criminales”.
El director del Sistema Penitenciario, Edmundo Moncayo, atribuyó la escalada de violencia a una pugna de poder entre dos bandas, recrudecida tras el asesinato de uno de sus líderes después de recobrar la libertad. “Hay otra organización delictiva que aúna esfuerzos para tomar el liderazgo que dejó un ciudadano que fue abatido en diciembre. Esperábamos una acción inmediata, pero ha demorado, y es la que se ha producido el día de hoy. Dos grupos tratando de encontrar un liderazgo delictivo dentro de los centros de privación de libertad”, aseguró Moncayo en una rueda de prensa el martes por la tarde.
Las tres cárceles en las que se han producido los motines aglutinan al 70% de la población carcelaria del país, dijo Moncayo, con 38.000 presos pertenecientes a este tipo de organizaciones dentro de las prisiones. Según su reporte, todos los fallecidos fueron reos: 33 en la cárcel de Turi, en Cuenca; ocho en la de Latacunga, en Cotopaxi; y los otros 21, en la de Guayaquil. En el turno de preguntas, Moncayo corrigió su cifra inicial de 67 fallecidos y la redujo a 62. Unas horas más tarde, las autoridades penitenciarias de Ecuador sumaron otras 13 víctimas para un total de 75.
El Gobierno ha enviado refuerzos de la policía “para retomar el control en las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga”, dijo el presidente Lenín Moreno al mediodía. A las nueve de la mañana habían saltado las primeras alarmas. Siete horas después, solo se había conseguido apaciguar la prisión de Guayaquil, una de las más grandes. El Gobierno no ha confirmado si los otros dos penales siguen aún bajo control de los detenidos.
La Fiscalía confirmó el levantamiento de ocho cadáveres de la prisión de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, donde cumple prisión el exvicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glas, por el caso Odebrecht. El director del sistema penitenciario confirmó después que había policías heridos, pero que los funcionarios de las prisiones habían conseguido salir a tiempo. El ministro de Gobierno, Patricio Carrillo, indicó que entre los amotinados en ese centro había reos de “alto riesgo”.
Se convocó entonces al Puesto de Mando Unificado, conformado por policías y militares, para lograr recuperar el control de las prisiones. Como explicación preliminar, el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad, SNAI, que es el ente rector de las cárceles, apuntó como detonante de los motines una inspección realizada la noche anterior. “Se realizó una requisa en el Centro de Privación de Libertad de Guayas N.º 4 -el de Guayaquil-, por lo que se presume que estos hechos son señal de resistencia y rechazo por parte de los internos ante las acciones de control”, comunicó a través de las redes sociales.
El director del sistema penitenciario confirmó esa hipótesis posteriormente, al indicar que en la inspección se incautaron dos armas de fuego. “Eran para victimizar [asesinar] a uno de los líderes de las organizaciones delictivas del centro de Guayaquil”, dijo. Los motines simultáneos se iniciaron, según Moncayo, porque la otra banda rival, que se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Latacunga, se anticipó y ordenó una reacción violenta para “asesinar” a presos en las otras dos cárceles.
No es la primera vez que las autoridades atribuyen los motines entre internos a las guerras de bandas criminales. En los últimos dos años, el Gobierno decretó dos estados de excepción para recuperar el control dentro de las prisiones. En mayo de 2019, tres motines en el lapso de un mes y medio dejaron 10 reos muertos y unas imágenes muy crudas de cuerpos incinerados y un decapitado. La declaratoria de emergencia se extendió 90 días. Justo un año después, en agosto de 2020, en medio de la pandemia, otro arranque de violencia motivó un nuevo estado de excepción de 90 días, después de que fuera asesinado dentro de prisión un testigo clave en un caso de corrupción hospitalaria. Entonces, el director del sistema penitenciario reconoció que había problemas recurrentes, entre ellos el hacinamiento de presos.
Ante esta situación, el director de las prisiones pidió un “marco legal suficientemente fuerte contra estas personas que no le dan valor a la vida de los seres humanos”.
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