Las empresas florícolas de la provincia de Imbabura, en el norte del país, están indignadas por el paro de los indígenas, y en especial por la forma abusiva con que proceden.
Consultado por “Punto de Orden”, Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores), cuestionó la protesta de la Conaie.
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Sus palabras fueron duras: no es una lucha social, sino un circo.
Quieren notoriedad a punta de vandalismo
Martínez denunció que los comuneros, en su mayoría de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac), y liderados por una dirigente identificada como Jéssica Torres, se tomaron 2 fincas de la zona.
Bajo amenazas de cortar el agua y causar desmanes, los manifestantes exigieron dinero y comida, y que se suspendan de inmediato las labores, para plegar al paro.
Estos abusos, anotó Martínez, fueron registrados en fotos y videos, y presentados ya ante la Fiscalía como una acción penal contra los 8 principales responsables.
Pérdidas
El dirigente advirtió que la paralización, a nivel país, ha costado 100 millones de dólares, de los cuales 8 millones son pérdidas para los floricultores de Imbabura, que ven imposibilitada sacar su producción y cumplir los compromisos.
Además, Martínez recordó que hay cerca de 30.000 personas afectadas directamente, como trabajadores o proveedores de las fincas bloqueadas.
A su criterio, el incremento en el precio del diésel, una vez eliminado el subsidio, incide poco o nada en las tarifas del transporte de carga o pasajeros. Por tanto, no hay argumentos para mantener el paro.
