EL UNIVERSO .- La mayoría de los profesionales acudirán el 24 de abril con el fin de aclarar la procedencia de la acusación política contra el mandatario.
Encalada expresó a este Diario que los llamados a comparecer entran en lo que se conoce como prueba testimonial y es completamente válido y no como se pretende hacer creer bajo los cuestionamientos a la figura del “testigo experto”.
Comentó que no será la primera vez que acuda a un llamado de la Asamblea Nacional. Pone como ejemplo sus comparecencias como experto en el caso Singue y en el de las pruebas COVID-19, que involucró al Municipio de Quito.
Respeta las posiciones de otros colegas que han declinado asistir, pero aclaró que acudir a este llamado es cumplir con un deber ciudadano y en su caso, como experto en la rama penal, considera que su participación es relevante para comprender mejor la figura del delito de peculado, del que se acusa al mandatario.
Encalada explicó que el juicio político es mucho menos normado que procesos de la rama penal o civil, por lo que la prueba testimonial es totalmente válida.
El constitucionalista André Benavides manifestó también a este Diario que acudirá con agrado el 24 de abril para cumplir como ciudadano y también por respeto al artículo 76.7 de la Constitución, que establece la obligación que tienen los testigos de comparecer cuando son solicitados por un juez o autoridad que lo requiera.
Benavides espera que con su participación pueda coadyuvar para entender mejor cuál es el alcance del juicio político contra el presidente y reiteró que se limitará a lo que dice la Corte Constitucional y centrarse en la acusación de presunto peculado en el caso del contrato entre la empresa Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y Amazonas Tanker Pool.
Expuso que el llamar a expertos a comparecer es una figura que se utiliza cuando no hay peritos, para que puedan dar luces a los jueces. También que la prueba como tal no está regulada en Ley Orgánica de la Función Legislativa porque reitera que todo medio probatorio, en este caso testimonial, es válido.
Muñoz, otro de los juristas convocado por la defensa de Lasso, también defendió las comparecencias de expertos del derecho en el proceso y coincidió en que es una práctica que ya ha sido utilizada en otros juicios políticos a funcionarios.
“Las comparecencias de expertos en la Comisión de Fiscalización para analizar la viabilidad de un juicio político ha sido una constante. Ejemplos de muchos casos es el proceso contra el exministro (del Interior) Patricio Carrillo y el expresidente del CPCCS (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) Christian Cruz”, indicó.
