Gremios de abogados, constitucionalistas y expertos en lucha contra la corrupción piden que las investigaciones se amplíen al ámbito de la Contraloría.
Una denuncia del abogado Felipe Rodríguez encendió las alertas en la comunidad jurídica del país, a solo 15 días de que Mercedes Caicedo asumiera la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ).
El 13 de mayo de 2026, en una columna de opinión, Rodríguez denunció la existencia de un presunto «tarifario» para influir en informes disciplinarios contra jueces y fiscales, y señaló que supuestamente existen montos establecidos para favorecer a funcionarios investigados administrativamente.
También afirmó que los procesos administrativos contra jueces y fiscales tendrían costos específicos y que los funcionarios investigados pagarían para obtener informes favorables en expedientes disciplinarios.
Según Rodríguez, se exigirían $30.000 en casos de dolo, $20.000 por error inexcusable y $10.000 por negligencia manifiesta.
Judicatura presentó denuncia en la Fiscalía General del Estado
Ante la denuncia, el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado, señalando que la institución presentó una denuncia ante la Fiscalía para que investigue a una presunta red dedicada a exigir pagos para manipular informes disciplinarios, y aseguró, que no permitirá actos de corrupción dentro del sistema judicial.
El @CJudicaturaEc informa a la ciudadanía:
Presentamos una denuncia formal ante la @FiscaliaEcuador para que se investigue una red que presuntamente exigía pagos a cambio de manipular informes disciplinarios.
No permitiremos que la justicia se… pic.twitter.com/Dw5BHmU3Ks
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) May 14, 2026
Especialistas del derecho citados por diario La Hora señalaron que lo denunciado por Rodríguez debe impulsar acciones de depuración en el ámbito judicial.
El constitucionalista Gonzalo Muñoz, pidió que se amplíe la investigación para que, incluso la Contraloría esté pendiente del patrimonio de jueces para evitar la consumación de estos ilícitos. A esta medida podría incluirse otros controles como la implementación del polígrafo, señaló.
Para Agustín Acosta Cárdenas, abogado experto en temas de prevención de la corrupción, el estándar mínimo de responsabilidad que debería tener la Judicatura ya se cumplió tras poner la denuncia en Fiscalía.
Coincidió con Muñoz de que este es el momento para que se implemente la prueba del polígrafo.
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