Primicias .- El Gobierno ecuatoriano enviará a la Corte Constitucional el acuerdo firmado con Estados Unidos para ejecutar operaciones marítimas que permitan combatir el tráfico de drogas, armas, combustibles, trata de personas y pesca ilegal.
El ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique, adelantó el 3 de octubre de 2023 que ese instrumento será remitido esta semana al máximo órgano de control constitucional.
Del pronunciamiento de la Corte, dijo el Canciller, dependerá si el acuerdo entrará en vigencia mediante Decreto Ejecutivo o deberá aguardar a la posesión de la nueva Asamblea Nacional.
Manrique, en declaraciones recogidas por Ecuavisa, aseguró que el acuerdo con Estados Unidos no contempla la instalación de tropas de ese país en Ecuador, sino realizar operativos coordinados.
“No es que vienen a instalarse tropas. Aquí entran en periodos de corta duración, hacen los operativos y se retiran. Y, para este efecto, las autoridades ecuatorianas se embarcan en barcos extranjeros, para no perder soberanía y para que sean nuestras autoridades quienes tomen las decisiones”, explicó.
Los alcances del acuerdo
El nuevo acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos fue suscrito a finales de septiembre de 2023, durante la visita del presidente Guillermo Lasso a Nueva York, en donde participó de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Como parte del acuerdo, el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos colaborará directamente con la Armada de Ecuador, y realizarán operaciones marítimas combinadas, indicó la Cancillería.
Este tipo de operativos ya se realizan de forma esporádica en el perfil costero ecuatoriano, pero ahora se extenderán contra buques sospechosos y buques apátridas o considerados sin nacionalidad, y con regulaciones específicas sobre las embarcaciones y aeronaves.
Además, el 12 de agosto de 2023, el canciller Manrique y Michael J. Fitzpatrick, embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, suscribieron en Quito una carta de acuerdo para garantizar la cooperación continua en la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y otros delitos transnacionales.
El texto, en este ámbito, contempla la capacitación y el equipamiento de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y del sector judicial durante los próximos 10 años.
