El 29 de agosto pasado la audiencia preparatoria de juicio tampoco se dio, debido a que la fiscal del caso, Claudia Romero, fue suspendida temporalmente.
Los nueve procesados por la muerte del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S) deberán esperar a que retorne de su periodo de maternidad la jueza de Pichincha Luz María Ortiz para conocer si son o no llamados a juicio por el delito de asesinato.
Lo único que resta en esta etapa procesal es escuchar la decisión a la que llegó la jueza penal sobre si llama o no a juicio a los oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera y a los militares activos Fernando Castro, Marco Cano, Luis Orozco y Patricio Guadalupe.
Las muertes de Jiménez, Panchi y Cortez ocurrieron en los alrededores del hospital de la Policía entre la tarde y noche del 30 -S. En esa zona del norte de Quito se produjeron actos violentos dentro de la revuelta policial del 30-S, en la que al final de la jornada se dio el rescate del entonces presidente Rafael Correa, quien estaba siendo atendido en ese hospital de la Policía.
Romero en su momento acusó a los nueve procesados como autores directos del delito de asesinato cometido bajo la modalidad de ejecución constitutiva de una grave violación a los derechos humanos. La jueza Ortiz entró en fase de deliberación el 29 de mayo pasado, luego de declarar la validez procesal de todo lo actuado y escuchar por varios días a la Fiscalía, a los abogados de las víctimas y a las defensas de los nueve militares activos y pasivos acusados.
Este caso se inició por el delito de homicidio del policía del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) Froilán Jiménez y el soldado y cabo del Ejército Darwin Panchi y Jacinto Cortez, respectivamente, pero más adelante la Fiscalía reformuló cargos para analizar el delito de asesinato contemplado en el artículo 140, numerales 2, 4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
No se conoce de una fecha tentativa en la que se convocaría a la reinstalación para escuchar la decisión oral de la jueza penal de Pichincha.
Fuente: El Universo
