La Revolución Ciudadana es el partido de los operadores del narcotráfico.
Con estos duros términos se refirió el columnista Roberto Aguilar, a los posibles vínculos de dirigentes del correísmo con los carteles de la droga, como señalarían las conclusiones del llamado “Caso Metástasis”.
En diálogo con “Punto de Orden”, el comunicador se mostró de acuerdo con las acciones que realiza el gobierno nacional, a través de la Policía y las Fuerzas Armadas, para recuperar el control de las prisiones.
Sin embargo, advirtió que también se requiere una reforma política, pues mientras existan partidos y movimientos que den cabida a operadores del narcotráfico, incluso desde la Presidencia de la Asamblea, la batalla contra el crimen organizado será “torpedeada”.
Para Aguilar, el régimen de Daniel Noboa cometió un error al pactar con la RC5 en la Asamblea Nacional, ya que su único interés es obtener la impunidad de sus líderes. Más bien debió buscar acercamientos con otras organizaciones con vocación democrática.
Como resultado, todo proyecto de ley que plantee el gobierno debe pasar por el tamiz correísta.
Como prueba mencionó el futuro enjuiciamiento político de la fiscal general, Diana Salazar, impulsado precisamente por la RC5. Aunque estimó que el bloque oficial ni el Partido Social Cristiano votarán por una eventual censura, el solo hecho de llevarla a la Asamblea, para ser expuesta y lapidada por la fuerza que apoya a narcos, es una batalla artera y negativa.
Salazar, dijo, debería ser blindada y protegida, ya que es la principal figura que lucha contra la corrupción.
Aguilar advirtió que, cada vez que se negocie la aprobación de una ley, habrá que preguntarse de quién será la impunidad que está en juego.
Castigos no son adecuados
En otro ámbito, el periodista lamentó la proliferación de videos difundidos en redes sociales, y que muestran a militares castigando a presuntos pandilleros.
Aguilar precisó que eso es venganza y no justicia, y que el aparente objetivo de los videos es una “catarsis, un ritual de expiación”, destinado a tranquilizar la indignación del país.
Estos castigos, anotó, más bien dan alas a los supuestos defensores de los derechos humanos, siempre ansiosos de chantajear a la sociedad y proteger a los violentos, como ya ocurrió durante los levantamientos indígenas.
Claro, señaló Aguilar, que las “lágrimas de cocodrilo” de la asambleísta Paola Cabezas, de la RC5, no ayudan a estos falsos activistas.
Finalmente, exhortó al gobierno a revisar las preguntas de la consulta popular, pues considera que algunas no presentan de forma clara su aparente objetivo.
