La vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Alexandra Villacís, presentó una acción de protección con medida cautelar con el objetivo de frenar el proceso que podría dejarla fuera del organismo. La funcionaria sostiene que se estarían vulnerando sus derechos al impedirle ejercer el cargo, pese a que según afirma ya demostró que no mantiene deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI), motivo por el cual se le habría generado un impedimento administrativo.
Villacís es alterna de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura y, ante la ausencia del titular, le correspondería asumir funciones e incluso la presidencia del organismo si se concreta una eventual destitución. Sin embargo, un registro que la inhabilitaría para ejercer cargo público mantiene bloqueada esa posibilidad.
De acuerdo con su versión, la documentación que certifica que no tiene obligaciones pendientes fue remitida tanto al Consejo de la Judicatura como al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y a la Corte Nacional de Justicia. No obstante, señala que las instituciones habrían continuado con el procedimiento para reemplazarla, sin tomar en cuenta los descargos presentados.
La controversia se intensificó luego de que el presidente encargado de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, enviara una terna al Cpccs para designar a su reemplazo. En la lista constan Mercedes Caicedo, jueza de lo penal; Óscar Chamorro González, juez provincial; y María Fernanda Morejón Villavicencio, funcionaria pública.
La acción constitucional presentada por Villacís busca que un juez determine si el impedimento administrativo es válido y si procede su permanencia en la Judicatura. El desenlace del proceso podría tener implicaciones directas en la estabilidad del organismo y en la eventual conformación de su presidencia en caso de cambios en la actual vocalía principal.
