El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, propuso a la Comisión de Justicia de la Asamblea que en el nuevo Código Orgánico Integral Penal, pendiente para segundo debate, se establezca un procedimiento para castigar las injurias que se cometen en las redes sociales Twitter y Facebook.
“He propuesto que se regulen los procesos de calumnia en redes sociales porque no pueden ser las redes sociales un instrumento de impunidad, por eso le he pedido a la comisión, no soy experto en informática, que se haga un procedimiento especial cuando hay injurias en Twitter o en Facebook”, dijo Mera al salir de la Comisión.
El secretario expresó que una injuria en la cuenta de Twitter que tiene diez mil o cien mil seguidores puede ser “más grande y más rápida” de hacer daño que una injuria en un medio.
Mera dice que el castigo debería ser relativo a la pena que se pone para la calumnia en el borrador del Código; esto es, un máximo de dos años y un mínimo de seis meses de prisión.
En el último borrador presentado, la Comisión eliminó cerca de 17 tipos de injurias que proponía el proyecto original enviado por el Ejecutivo en octubre del 2011. Semanas atrás, el presidente de la Comisión, Mauro Andino (AP), explicó que en lo relativo a las injurias el borrador establece dos tipos: la calumnia y la difamación.
Pero el asambleísta de oposición e integrante de la Comisión, Miguel Moreta (CREO), señala que le parece “arriesgado” para la libertad de las personas tratar de penalizar las injurias en redes sociales cuando se conoce de la existencia de suplantación de identidades y de hackeo de cuentas. En ese sentido, se correría el riesgo de inculpar a personas inocentes.
Sobre otros delitos establecidos en el borrador del Código, Mera ratificó la posición del presidente Rafael Correa de que el linchamiento o acoso mediático (para él es lo mismo y la diferencia de términos solo es un tema semántico) no debe incluirse, que la penalización del aborto debe mantenerse como está en la actual norma y que se tipifique el homicidio culposo por mala práctica profesional.
Pero cuestionó que las personas jurídicas tengan responsabilidad penal como establece el borrador de la Asamblea porque esta es punitiva y no corporativa (salvo en delitos específicos como los ambientales).
