EL COMERCIO .- El juez Byron Orejuela, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Flavio Alfaro (Manabí), concedió medidas cautelares a favor de alias ‘Gordo Lucho’, cabecilla de Los Lobos y de Jairo Z.
Ambos procesados por presunta delincuencia organizada ligada al narcotráfico están libres.
El viernes 31 de marzo del 2023 se hicieron efectivas las boletas de excarcelación y salieron de la cárcel de Cotopaxi, donde estaban recluidos.
La justificación del juez para liberarlos fue que dentro del proceso penal en contra de ambos se habrían cometido “vulneraciones al debido proceso” y por lo tanto “se vulneraron sus derechos a la libertad y a la integridad física, salud y vida”.
La postura del Gobierno
El Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (SNAI) rechazó esta decisión judicial. Dijo que el juez otorgó la libertad “pese a que la normativa y jurisprudencia de la Corte Constitucional establece de forma clara que las garantías jurisdicciones no pueden ser utilizadas para generar intromisiones en la justicia ordinaria”.
La entidad añadió que “una vez más se está utilizando la justicia constitucional de manera indebida”, pues el juez Orejuela “desnaturaliza las medidas cautelares constitucionales y contraviene normativa expresa”.
El SNAI reconoció que tuvo que liberar alias ‘Gordo Lucho’ y Jairo Z. para acatar la orden de autoridad judicial. Sin embargo, apelará esa decisión.
“Se está presentando la correspondiente revocatoria de la medida cautelar concedida y una denuncia en contra del referido juzgador por considerar que sus actuaciones incurren en dolo, manifiesta negligencia y error inexcusable”, agregó el SNAI.
La reincidencia en delitos
No es la primera vez que alias ‘Gordo Lucho’ sale en libertad. El 14 de diciembre de 2022 fue recapturado con droga y armas en Los Ríos. Su captura se dio pocos días después de que un juez otorgó medidas sustitutivas a la prisión.
Este cabecilla tiene procesos judiciales por tráfico de armas, de drogas, tenencia de armas, delincuencia organizada, asociación ilícita y homicidio.
Es señalado como el presunto responsable del asesinato de Santiago Loza, exdirector de la Cárcel de El Inca, en Quito.
La Policía capturó al Gordo Lucho el 4 de febrero de 2022, en una vivienda de Samborondón, con más de 50 kilos de droga. Pero en abril de ese año lo liberaron en una audiencia de revisión de medidas.
Meses después, las autoridades lo recapturaron por su relación con el crimen de Loza, pero le dictaron medidas alternativas a la prisión.
El 14 de diciembre de 2022 lo arrestaron en un operativo antidrogas, en Quevedo. Estuvo preso hasta el 31 de marzo de 2023, cuando el juez Orejuela lo liberó nuevamente.
Jairo Z., en cambio, tiene procesos penales por tráfico de drogas, robo, delincuencia organizada y homicidio.
Reacciones de otras instituciones del Estado
“El 14 de diciembre de 2022, alias ‘Gordo Lucho’, líder de la banda delictiva Los Lobos, fue capturado por la Policía Nacional. ¡Ayer, un juez ordenó su liberación! Rechazamos y condenamos el accionar de ciertos jueces, que atenta contra la seguridad de todos los ecuatorianos”, indicó el Ministerio del Interior.
Tras conocer la decisión del juez Ojeda, este sábado 1 de abril del 2023, la Fiscalía dijo que “durante los últimos meses, la sociedad ha sido testigo de la forma en que ciertos jueces de garantías constitucionales han dejado en libertad a sentenciados por delitos que por su naturaleza son considerados graves”.
Por lo tanto, la fiscal general, Diana Salazar “hace un llamado a la Corte Constitucional para que establezca o delimite parámetros para que los juzgadores cuenten con un sistema de control eficaz frente a decisiones claramente contrarias a la ley”.
La Fiscalía también señaló que “estos jueces cuentan con un cobijo a sus decisiones debido a que el 18 de abril del 2018, el Pleno de la Corte Constitucional emitió la sentencia que instauró la impunidad de los juzgadores frente al delito de prevaricato al tratarse de decisiones relacionadas con garantías jurisdiccionales”.
Esa entidad “insiste en que el sistema de justicia debe trabajar como un engranaje, en el que cada parte debe cumplir con sus competencias y asumir sus responsabilidades”.
