La Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucional la Ley de Integridad, planteada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Nacional.
Para el reconocido jurista Salin Zaidán, la decisión se justifica, ya que la normativa incumplió su principal objetivo: ser de urgencia en materia económica.
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En diálogo con “Punto de Orden”, el analista advirtió, sin embargo, que su declaratoria de inconstitucionalidad, no beneficiará a los servidores públicos que ya fueron desvinculados.
Seguridad y no economía
Zaidán estimó que el análisis de la CC tiene su fundamento, ya que la ley versó casi exclusivamente sobre seguridad, y pudo ser tratada por la vía ordinaria.
El experto recordó que, de acuerdo a la Constitución, los proyectos urgentes deben contemplar aspectos relacionados a la política económica, o tener como objetivo afrontar una situación adversa y, por ende, conseguir un equilibrio.
Si se repasa la iniciativa, busca combatir problemas de inseguridad, y no de índole económico.
Asamblea Constituyente
En cuanto a la propuesta de una Asamblea Constituyente, la consideró válida siempre y cuando permita volver a las 3 funciones originales del Estado, y no a una errada distribución del poder.
Sin embargo, Zaidán precisó estar en desacuerdo con una posible fiscalización a la CC, de tal modo que se mantenga fuerte y alejada de influencias políticas.
En su opinión, uno de los grandes errores de la Constitución de Montecristi, fue establecer una excesiva cantidad de derechos, sin pensar en el costo que tendrían para el Estado.
