El país europeo congela 31 cuentas en la BPA con 52 millones de mandatarios, empresarios y altos funcionarios de Latinoamérica comprados por la constructora brasileña
Los mandatarios, empresarios y altos funcionarios sobornados por Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor trama corrupta de Latinoamérica, no podrán disfrutar de parte de su botín oculto en Andorra. Una jueza de este Principado ordenó el pasado marzo mantener congeladas 30 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y una en el Credit Andorrà con un saldo total de 52,2 millones de euros (51 de dólares), según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
Los fondos pertenecen a exdirigentes, empleados públicos y testaferros que cobraron de la compañía de infraestructuras a cambio de la adjudicación de obra pública. Y entre las fortunas trabadas, figuran tres millones de euros (2,9 de dólares) en depósitos y cuentas opacas vinculadas a empresarios y altos funcionarios que ejercieron durante el segundo mandato del fallecido expresidente peruano Alan García (2006-2011). También, 34 millones de euros (33,5 de dólares) conectados con excargos y hombres de paja del exjefe de Gobierno de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014).
El embargo afecta a 282.701 euros (279.393 dólares) de Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017) y a 1,4 millones de euros (1,3 de dólares) de dos exdirectivos de Odebrecht.
El saldo retenido (52 millones) representa una cuarta parte de los 200 millones que la constructora brasileña desembolsó en Andorra -un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario- para comprar las voluntades de 145 políticos y altos funcionarios de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina.
Los tres millones que persiguen a Alan García
El bloqueo, ordenado por la jueza andorrana Stephanie García, contempla siete cuentas con un saldo total de tres millones de euros (2,9 de dólares) vinculadas a ex altos cargos y presuntos testaferros que operaron durante el segundo mandato presidencial del peruano Alan García (2006-2011), que se suicidó de un disparo en 2019 antes de ser arrestado en su casa de Lima por su vínculo con Odebrecht.
Así, el abogado y exdiputado del Congreso por el Partido Popular Cristiano (PPC), Jorge Horacio Canepa Torre, no podrá repatriar por imperativo judicial el millón de euros que ocultaba en su cuenta de la BPA cuando fue embargada. Este letrado cobró de Odebrecht 1,2 millones de euros en un depósito del Principado a nombre de su sociedad instrumental Maxcrane Finance y desvió después parte de su fortuna off shore a Nueva York y Hong Kong.
El bloqueo se extiende también a Edwin Martin Luyo Barrientos, expresidente del Comité de Licitación de los tramos 1 y 2 del metro de Lima, un organismo que adjudicó a Odebrecht una obra de más de 340 millones de euros (336 de dólares) durante el segundo mandato presidencial de García. Luyo Barrientos tiene 1,2 millones de euros (1,1 de dólares) congelados en Credit Andorrà en una cuenta a su nombre.
El exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú Santiago Chau Novoa tampoco podrá disfrutar de los 446.346 euros (442.280 dólares) que registraba su cuenta en la BPA en julio de 2018. Chau Novoa, que también perteneció al Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, ocultó los fondos que cobró del gigante brasileño de la construcción en una cuenta a nombre de la sociedad opaca Ultone Finance Limited.
La cuenta en la BPA de Miguel Atala Herrera, vicepresidente de la firma estatal Petróleos del Perú entre 2008 y 2011, también figura entras las congeladas. Pese a que este exdirectivo cobró en el Principado europeo 1,1 millones de euros (uno de dólares) de la constructora brasileña mediante la firma opaca Amarin Investment, las autoridades andorranas solo han podido retener la cifra que registraba su depósito en diciembre de 2015: 18.191 euros (17.929 dólares). Atala Herrera compartía cuenta con su hijo, Samir Atala.
La magistrada también ha ordenado embargar la cuenta en la BPA gestionada por Odebrecht de Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape. Su depósito andorrano acumula 171 euros (168 dólares).
El bloqueo también salpica a Juan Carlos Zevallos Ugarte, exdirector del Ositram, un organismo público peruano dedicado a coordinar infraestructuras de transporte. Zevallos Ugarte tiene en Andorra 115.399 euros (113.737 dólares) retenidos. Se trata de una cantidad mínima comparada con los 660.000 euros (591.360 dólares) que cobró en el Principado este funcionario que gestionó en Perú la carretera Interoceánica Sur, una obra ejecutada por Odebrecht de más de 1.184 millones de euros (1.166 de dólares) que une Perú y Brasil.
Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora Alpha Consult, “una de las mayores adjudicatarias” de Perú, según la Policía de Andorra, es otro de los afectados por el bloqueo judicial. Tiene 202.678 euros retenidos (199.759 dólares).
Los 34 millones del universo Martinelli
La justicia andorrana ha trabado ocho cuentas con un saldo total de 34 millones de euros (33,5 de dólares) conectadas con exdirigentes y testaferros próximos al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014).
El bloqueo afecta a cuatro depósitos en la BPA de los padres de Demetrio Papadimitriu, ministro de Presidencia de Panamá bajo el mandato de Martinelli. Las cuentas tienen un saldo de 208.557 euros (205.741 euros). Una cifra ínfima comparada con los 13 millones de euros (12,8 de dólares) que movieron entre 2010 y 2014 a través de un tinglado de 45 cuentas en la BPA y el Credit Andorrà los progenitores del político, Diamantis y María Bagatelas Papadimitriu.
El clan del expresidente Martinelli irrumpe vinculado a otro de los clientes de la BPA perjudicados por el bloqueo, Roberto Brin Azcárraga, que figura en una cuenta con 16,8 millones de euros (15 de dólares) a nombre de la sociedad opaca Pachira Limited. Brin Azcárraga trabajó como directivo de la cadena de supermercados de la familia del político, Súper 99, según el diario La Prensa. Una Corte Federal de Nueva York condenó el pasado mayo por blanqueo a tres años de cárcel por sus manejos con Odebrecht a los vástagos del exmandatario Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Un empresario conectado con este último, Gabriel Elias Alvarado Far, tiene retenidos por orden judicial 12,8 millones de euros (11 de dólares) en la BPA.
José Luis Saiz Villanueva, un empresario que confesó haber actuado como testaferro de Frank de Lima, ministro de Economía durante el quinquenio de Martinelli, tiene paralizados 2,3 millones de euros (2,2 de dólares) en la cuenta que manejó en la BPA a nombre de la sociedad Herzone Overseas Limited. Otro de los implicados en la derivada panameña de la trama Odebrecht, Olmedo Augusto Méndez Tribaldos, acumula dos millones en la entidad del Principado pirenaico que tampoco podrá repatriar por el yugo judicial. La Fiscalía Anticorrupción panameña ha señalado recientemente a este último como un hombre de paja del exministro De Lima.
Un ministro de Correa, atrapado en Andorra
Alecksey Mosquera, que fue ministro de Electricidad de Ecuador del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) tiene 282.701 euros (279.138 dólares) retenidos en la BPA. El depósito figura a nombre de la sociedad instrumental (sin actividad) Percy Trading INC que comparte con el empresario Marcelo Raúl Endara Montenegro, que también controla otra cuenta congelada con 80.152 euros (79.142 dólares). El exmiembro del gabinete de Correa, que cobró un millón de Odebrecht en el banco andorrano, fue condenado en 2018 a cinco años de prisión por blanqueo por su nexo con la red corrupta.
Junto a los mandatarios sobornados, el embargo salpica a los propios exjecutivos de Odebrecht. Los exdirectivos Luiz Eduardo Da Rocha y Olivio Rodrigues Junior tienen 1,2 millones y 307.543 euros, respectivamente, paralizados en la BPA. Rodrigues Junior fue el hombre de la máxima confianza del presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, y manejó en el Principado más de 200 millones.
Además, el contable de la constructora brasileña OAS, Roberto Trombeta, que está procesado en el caso Lava Jato, embrión de la trama Odebrecht, no podrá sacar por orden judicial los 7,5 millones de euros (7,4 de dólares) de su cuenta en la BPA a nombre de la compañía instrumental Kingsfield Consulting Corp.
Una paradoja que afecta a las cuentas del economista angoleño Edson N’Dalo Leite de Morais (173.339 euros) y Rosa Paulo Francisco Bento (29.449 euros), que fueron usadas para regar de sobornos a dirigentes de este país africano. Ellos también sufren la tenaza andorrana.
Fuente: El País
