La ANT reacciona ante la investigación periodística que publicó Diario EXPRESO. La entidad asegura que revisará los documentos e, in situ, todos los dispositivos
El director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Ernesto Varas, dice que el Gobierno está preocupado por las quejas de miles de ciudadanos que señalan lecturas erradas de fotorradares adquiridos por instituciones públicas y por los hallazgos que reveló EXPRESO la semana pasada en los reportajes “Alcolisti S. A., un ‘eterno’ proveedor para la ATM” y “Alcolisti S.A. echó raíz en otros rincones del Estado”.
Varas, quien lleva cuatro meses en el cargo, y otros siete funcionarios de la ANT atendieron a este Diario tras una serie de pedidos de entrevista para abordar el tema de la homologación de los fotorradares, esa tarea que recae sobre el organismo de tránsito en conjunto con el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), las revisiones posteriores de los dispositivos, entre otras aristas.
De entrada, con una hoja entre sus manos, el titular de la institución asegura que revisarán con lupa los procesos de homologación de los modelos de los dispositivos que se realizaron en los últimos ocho años, es decir, en el período en el que varias empresas concentraron contratos de dotación de esos aparatos a instituciones públicas.
“Hemos dispuesto esta misma semana que se haga un proceso administrativo dentro de la ANT para las 18 empresas con equipos homologados, que son 29 modelos homologados, y de encontrarse alguna observación vamos a disponer que, de acuerdo a la ley, se haga un expediente administrativo que podría llegar hasta la suspensión de la homologación del equipo”, asegura Varas.
PARA SABER
- Empresa
Alcolisti S. A., que ha evitado atender una entrevista a este Diario, se convirtió en el proveedor estrella de la ATM de Guayaquil. Vendió cámaras sancionadoras, radares informativos, semáforos y otros ítems, por unos $ 45 millones, en ocho años.
- Inconsistencia
El proveedor presentó un margen de error de sus equipos que difiere de la ficha técnica del fabricante.
A priori, la Dirección de Regulación de la ANT apunta a la calibración de los fotorradares. “Las denuncias es por el tema de la velocidad, eso conlleva a la calibración. Los importadores presentan certificados de calibración del fabricante, en ocasiones presentan la aprobación del modelo, que es un procedimiento que el INEN tiene, y se procede a dar la validación. (¿Ahí quizás ha estado el problema? En la calibración) Así es. Los entes de control son los que deben verificar la calibración”, detalla Alejandro Velasco, analista de esa dependencia.
No obstante, Velasco adelanta que en el texto de la propuesta de reforma al reglamento de uso de esos aparatos se pondrá énfasis al tema de la calibración: “Para que sea un requisito de por sí, que lo hagan a través del INEN. Un requisito obligatorio”.
Otro apartado que se prevé agregar en el nuevo reglamento es el margen de error específico que dejó de ser parte de esa norma en 2013, es decir, se colocará un límite máximo de error que podrán tener los fotorradares, +- un 3 % como lo señala la norma internacional, según el técnico de la ANT.
Eva Lastra, la directora del área de Regulación, agrega que la verificación de las homologaciones aprobadas y las revisiones de campo se realizarán de acuerdo con un cronograma.
“Ahí vamos a ver cuántos aparatos a ciencia cierta hay y los lugares donde están instalados”, indica. No obstante, ella reconoce que el trabajo es complicado y que se apoyarán con el recurso humano de las direcciones provinciales porque en su equipo de trabajo solo hay tres técnicos.
Este tema también lo siguen de cerca miles de ciudadanos de diferentes partes del país, quienes se sienten perjudicados ante las multas que, aseguran, se les ha cobrado de forma injusta, con “lecturas erradas”.
