La Ley de extinción de dominio ya es una realidad.
La Asamblea Nacional aprobó este jueves en segundo y definitivo debate esta iniciativa, enviada por el presidente Daniel Noboa con el carácter de urgencia económica.
El proyecto, denominado oficialmente “Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha Contra la Corrupción”, establece que los bienes obtenidos de forma ilícita, plenamente comprobada, pasarán a manos del Estado.
La propuesta recibió un respaldo aplastante en el Parlamento, pues tuvo 129 votos afirmativos.
Para ley será aplicable siempre que exista la sentencia de un juez, en los siguientes casos: cuando los bienes pertenezcan a uno o varios miembros de grupos de delincuencia organizada nacional o transnacional, terroristas o actores no estatales beligerantes, cuyas organizaciones consten en el Consejo de Seguridad Pública del país o de las Naciones Unidas; en caso de las propiedades o activos injustificados que tengan relación de causalidad con el crimen organizado; y cuando se trate de delitos flagrantes respecto a los bienes, que sean propiedad de los grupos de delincuencia organizada.
El objetivo es acelerar el proceso, para que los bienes de origen ilícito pasen al Estado.
La proyección actual es de 110 millones de dólares.