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Aquiles Álvarez es sentenciado a tres años de cárcel por retiro de grillete

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Por: L. Páramo

Ultima actualización: 2026-08-03 19:25:31

Aquiles Alvarez compareció de forma telemática desde la Unidad Judicial de La Libertad durante el tercer día del juicio por el presunto incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente. Foto El Universo.

El Tribunal de Garantías Penales declaró este lunes 3 de agosto culpable en calidad de autor directo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y le impuso la pena máxima prevista en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): tres años de prisión.

Por decisión unánime, el tribunal integrado por Smirnova Lariza Calderón Uria, Nebel Fabricio Viera Encalada y Carlos Walberto Churta Rodríguez resolvió además imponer una multa equivalente a diez salarios básicos unificados ($4820), disponer que el sentenciado ofrezca disculpas públicas y ordenar la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un medio de comunicación de circulación nacional.

La decisión se conoció la noche de este lunes 3 de agosto, luego de que los jueces se retiraran a deliberar pasadas las 17:20, una vez concluidos los alegatos finales de Fiscalía, la acusación particular del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) y la defensa.

En su análisis, los jueces señalaron que el grillete no fue levantado durante el allanamiento, permaneció fuera de la cadena de custodia por más de 24 horas y fue manipulado posteriormente por funcionarios del SNAI antes de ser entregado a Criminalística.

También hicieron referencia al testimonio del técnico Édgar Luzardo, quien declaró que funcionarios del propio SNAI utilizaban cinta adhesiva, silicona, amarras plásticas y piezas reutilizadas para reparar dispositivos debido a la falta de repuestos.

El Tribunal concluyó que la prueba sí fue suficiente para acreditar el incumplimiento de la orden judicial y, por unanimidad, declaró a Aquiles Alvarez autor directo del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

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