El Gobierno de Javier Milei elevó este lunes la tensión diplomática con Venezuela al solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) una “acción inmediata” frente al agravamiento de las violaciones de derechos humanos en ese país. Buenos Aires pidió además que se ejecuten las órdenes de arresto solicitadas contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, considerados por Argentina como máximos responsables de crímenes de lesa humanidad.
El reclamo, presentado por el embajador argentino ante la CPI, Diego Emilio Sadofschi, marcó el inicio de la conferencia anual del tribunal en La Haya, donde los Estados parte revisan avances en investigaciones internacionales y evalúan mecanismos de cooperación en la ejecución de órdenes de arresto.
Durante su intervención, la delegación argentina se desmarcó del consenso general de la asamblea y cuestionó la escasa progresión de las pesquisas sobre Venezuela desde que la Fiscalía de la CPI, en 2021, concluyó el examen preliminar del caso. Sadofschi subrayó que la situación en el país caribeño “se ha deteriorado aún más” tras las elecciones de julio de 2024, consideradas fraudulentas por Buenos Aires. Asimismo, denunció que persisten detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y otras violaciones graves a los derechos humanos, por lo que reclamó investigaciones “rigurosas y expeditivas”, junto con la emisión de órdenes de arresto contra los principales responsables del régimen chavista.
El diplomático aclaró que la decisión de Argentina de no bloquear el consenso en la declaración general de la asamblea “no debe interpretarse como un gesto hacia Venezuela”, sino como una muestra de compromiso con el funcionamiento de la Corte. Aun así, pidió que conste en actas que Argentina se disocia de cualquier decisión que relativice la gravedad del caso venezolano.
La intervención argentina generó la rápida reacción de la delegación venezolana. Héctor Constant Rosales, representante adjunto del Gobierno de Maduro en La Haya, acusó a Argentina de “politizar la conferencia” y señaló al Gobierno de Milei como un “falso defensor de derechos humanos”.
El diplomático venezolano pidió concentrarse en “avances constructivos” dentro de la CPI y defendió la legitimidad del sistema venezolano, pese a que la oposición y varios países incluidos Estados Unidos y miembros de la Unión Europea desconocen los resultados de las últimas elecciones presidenciales.
Sadofschi respondió rechazando “en todos sus términos” las acusaciones de Caracas, insistiendo en que Argentina no puede ignorar “la realidad de los crímenes que se cometen en Venezuela” y reafirmó el compromiso de Buenos Aires con la justicia internacional.
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