La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó las observaciones planteadas por el presidente Daniel Noboa a la Ley de Fortalecimiento Penitenciario, con lo que el texto será enviado al Registro Oficial para su entrada en vigencia.
La decisión se tomó con 85 votos a favor, provenientes de la bancada oficialista y sus aliados, mientras que el correísmo votó en contra. Con este respaldo, el Ejecutivo logra introducir ajustes que buscan reforzar el control dentro del sistema carcelario.
Entre los principales cambios, la normativa establece una clasificación más rigurosa de las personas privadas de libertad según su nivel de peligrosidad, así como el aislamiento de cabecillas de organizaciones criminales. Además, se plantea evitar que los internos permanezcan en centros donde mantienen influencia y fortalecer los sistemas de inteligencia penitenciaria.
Uno de los ejes centrales de la reforma es el control de las comunicaciones dentro de los centros de reclusión, con el objetivo de impedir que se continúen coordinando actividades delictivas desde las cárceles.
El Legislativo también incorporó precisiones sobre el rol del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, delimitando sus funciones para evitar conflictos de competencias con las entidades rectoras del sistema.
Otro de los cambios relevantes amplía el derecho a impugnar traslados. Este ya no se limita únicamente a personas sentenciadas, sino que se extiende a todos los privados de libertad en condiciones específicas, como embarazo, lactancia o enfermedades graves, así como en casos que requieran atención psiquiátrica.
Desde el oficialismo se sostiene que esta ley permitirá mejorar el control estatal sobre las cárceles y avanzar en la contención de estructuras criminales que operan desde el interior del sistema penitenciario.
