Este martes 10 de junio de 2025, a partir de las 15:00, el pleno de la Asamblea Nacional debatirá el proyecto de ley de inteligencia que permitiría a los organismos estatales interceptar llamadas telefónicas, abrir correspondencia y acceder a documentos sin necesidad de autorización judicial.
La propuesta ha generado una intensa discusión política y social debido a la eliminación del artículo 20 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, el cual actualmente obliga a obtener permiso del presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia para realizar este tipo de acciones reservadas.
Sectores como el Partido Social Cristiano han advertido que, de mantenerse el texto tal como está, no apoyarán la iniciativa. El legislador Alfredo Serrano sostuvo que se están vulnerando derechos constitucionales relacionados con la privacidad y el secreto de las comunicaciones, y aseguró que las observaciones de su bancada no fueron recogidas por la Comisión de Seguridad Integral, que elaboró el documento final.
Por su parte, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, defendió el proyecto al considerarlo indispensable para fortalecer las capacidades del Estado frente a amenazas a la seguridad nacional. No obstante, aclaró que el Ejecutivo esperará conocer el texto definitivo antes de pronunciarse oficialmente.
El proyecto contempla 58 artículos, además de disposiciones transitorias, generales y derogatorias que reforman otros cuerpos legales, entre ellos la Ley de Prevención de Lavado de Activos. También se establece la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, que contará con subsistemas en las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el sistema penitenciario, aduanas, Casa Militar Presidencial, análisis financiero y otros organismos que el presidente disponga.
La nueva norma prevé un fondo permanente de gastos especiales para operaciones de inteligencia, cuyos detalles estarán clasificados. Asimismo, se autoriza a los agentes a adoptar técnicas de mimetización, utilizar nuevas identidades emitidas por el Registro Civil y operar con tecnologías de recolección de datos en el ciberespacio.
El control de estos recursos estará a cargo exclusivamente de la Contraloría General del Estado, sin intervención de otras entidades. La rendición de cuentas se realizará una vez al año ante una comisión especializada de la Asamblea Nacional, en una sesión reservada, manteniendo el carácter confidencial de la información.
Aunque sus defensores aseguran que la ley responde a una necesidad urgente en materia de seguridad, críticos sostienen que puede abrir la puerta a abusos si no se garantiza el respeto a los derechos constitucionales ni mecanismos efectivos de fiscalización.
