La sesión plenaria para tramitar el veto del Ejecutivo de la ley sobre el uso legítimo de la fuerza está prevista para las 08:30 de este jueves.
El pleno de la Asamblea Nacional espera reunir 92 votos, este 4 de agosto, para rechazar 20 de las 21 objeciones aplicadas por el Ejecutivo al proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Aunque el Partido Social Cristiano (PSC) e instituciones como la Policía Nacional apuestan a que se acoja el veto del presidente de la República, Guillermo Lasso.
El presidente de la comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Ramiro Narváez (ID), advierte del riesgo que tiene la ley si pasa el veto del Gobierno, pues asegura que puede ser declarada inconstitucional, y apunta al bloque PSC, que podría inclinar la votación.
Los términos sobre la aplicación del uso legítimo de la fuerza y su ampliación hacia entidades de seguridad complementarias, la rendición del cuentas, la prohibición del uso de la fuerza con animales de adiestramiento humano, la presunción de inocencia y las sanciones por el uso indebido de la fuerza son los principales puntos que se discuten en el veto.
La sesión plenaria está convocada para las 08:30, y el legislador Narváez abrió espacios de negociación y diálogo con otras fuerzas políticas a más de UNES, Pachakutik y la Izquierda Democrática para que apoyen el informe elaborado por la mesa que preside, y advierte que si el texto pasa conforme lo sugiere el Ejecutivo pone en riesgo la ley.
Defendió lo aprobado por la legislatura, pues asegura que se fortalece el rol de las Fuerzas Armadas dentro de sus competencias, sin embargo, el presidente de la República plantea que las FF. AA. puedan actuar fuera de los estados de excepción lo cual es inconstitucional y “es un grave peligro para la ciudadanía porque la capacitación y formación de las Fuerzas Armadas es muy distinta a la de la Policía Nacional”, anotó.
Dijo que aspira a que el PSC, más allá de una posición política, realice un análisis técnico y que pueda evidenciar que las objeciones del presidente de la República se contraponen a la Constitución y a los estándares internacionales, y la posibilidad de demandas quedaría abierta.
El comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, recordó que muchos policías en los últimos quince días han sufrido enfrentamientos para cumplir con su deber, pues hay disparos a vehículos y agresividad donde la delincuencia organizada y común se ha incrementado, por lo tanto, las observaciones del Ejecutivo permiten tener herramientas que garantizan al policía hacer un mejor trabajo.
Salinas pidió sensibilidad a los asambleístas, pues señaló que existe una amenaza regional con armas de fuego de grueso calibre y que se deben establecer reglas claras sobre el uso legítimo de la fuerza; por ello, “evitarán que se criminalice el accionar de los policías”.
Si no se acogen las observaciones realizadas por el Ejecutivo por parte de la Asamblea, sería una ley que causaría más problemas y más insatisfacciones en el momento de emplearse operativamente porque no existen las reglas claras y se podría criminalizar a un policía que cumple el deber legítimo, advirtió Salinas.
El coordinador del bloque del PSC, Esteban Torres, anunció que lo más probable es que su bancada se abstenga de votar por el informe presentado por la mesa legislativa, “eso significaría que no habría votos para ratificarse y que operaría un allanamiento tácito al texto del Ejecutivo”.
Informe
Del informe no vinculante sobre el veto parcial al proyecto de ley, la mesa alerta que el Ejecutivo en la primera objeción pretende ampliar como aplicación subsidiaria del uso legítimo de la fuerza a otras entidades complementarias más allá de la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria; es decir, a cuerpos de vigilancia aduanera, cuerpo de vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, agentes municipales y metropolitanos, agentes civiles de tránsito y los cuerpos de bomberos.
Según Narváez, esa propuesta es inconstitucional y violatoria a los instrumentos internacionales, pues la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que es riesgoso considerando que el uso de la fuerza es una facultad restrictiva para ciertos órganos del Estado. Por lo tanto, recomiendan la ratificación del texto aprobado por la legislatura, porque es necesario precautelar la constitucionalidad del proyecto de ley y su alineación a los estándares internacionales.