La Asamblea Nacional en pleno, durante la sesión 37 de este 16 de septiembre de 2025, designó a los cinco miembros propuestos por el presidente Daniel Noboa para integrar la nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, tras la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Integridad Pública.
Este órgano sustituye a las antiguas juntas separadas —Monetaria y Financiera— y se convierte en la máxima autoridad de gobierno del Banco Central del Ecuador (BCE), con competencias normativas y de supervisión sobre el sistema financiero, de valores, seguros y salud prepagada.
Los cinco nuevos miembros de la nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, estarán en sus cargos entre dos y cinco años.
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La Ley de Integridad Pública dispuso la creación de esta nueva entidad, que será el máximo órgano de gobierno del Banco Central de Ecuador (BCE) y estará encargada, entre otras cosas, de emitir normas y regulaciones para el sector financiero.
Antes de la promulgación de esta nueva ley ya existían dos juntas separadas, una Monetaria y otra Financiera, ahora se fusionan.
Con la votación a favor de 80 legisladores, de 146 presentes en la sesión del 16 de septiembre, la Asamblea Nacional designó y posesionó a los cinco candidatos propuestos por Noboa:
Integrantes designados y sus periodos
Gustavo Estuardo Camacho Dávila (cuatro años),
Silvia Daniela Moya Arteta
Roberto Javier Basantes Romero (tres años)
María Isabel Camacho Cárdenas
Jeniffer Nathaly Rubio Abril (dos años)
Esta nueva entidad podrá nombrar al Gerente General del Banco Central y supervisar su gestión; presentar propuestas de modificación de la legislación financiera, monetaria, crediticia, de valores, seguros y servicios de salud prepagada. Por ejemplo, esta Junta podrá emitir las regulaciones relacionadas con las tasas de interés de los créditos en el sector financiera.
La entidad también está autorizada a requerir, por intermedio de los órganos de control, información de las entidades del sistema financiero, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada; así como de toda entidad no financiera que otorgue crédito por sobre los límites que establezca la Junta, siendo obligación de estas entidades proporcionarla.
