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Asamblea Nacional recula ante el tema de los juicios políticos

Picture of Por: Fernando Castilla Fassio

Por: Fernando Castilla Fassio

Ultima actualización: 2024-09-04 09:42:49

La Asamblea Nacional decidió ser cautelosa en torno al tema de los juicios políticos.

Lo demostró la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, quien suspendió la sustanciación de la interpelación de la ministra del Interior, Mónica Palencia.

Un juez de Quito aceptó una acción de protección, solicitada por la asambleísta Inés Alarcón, del movimiento de Gobierno ADN, y ordenó que, antes del juicio a Palencia, se realicen los de 3 funcionarios del régimen de Guillermo Lasso: Pablo Arosemena, Sebastián Corral y Andrea Montalvo, quienes fueron ministro de Economía, secretario de la Administración y secretaria de Educación Superior, respectivamente.

Dichos procesos habían sido archivados por la Comisión de Fiscalización, para agilizar más bien los de las ministras de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y del Interior, y el de la fiscal general, Diana Salazar. Todos ellos promovidos por el correísmo. De acuerdo a la ley, las interpelaciones deben ser tramitadas en el orden en que llegan y son aceptadas.

El juicio a la canciller ya estuvo en marcha, pero no tuvo éxito por falta de votos.

Temor a sanciones

Aunque al principio el Parlamento se rehusó a aceptar la orden del magistrado, y denunció una supuesta “intromisión de funciones”, el riesgo de sufrir sanciones lo hizo recular. Y lo demostró la Comisión de Fiscalización, que además de suspender la causa contra Palencia, “revivió”, aunque no de buena gana, las interpelaciones de Arosemena, Corral y Montalvo. Las mismas deberán evacuarse obligatoriamente, antes de retomar las otras.

Hasta mientras, la presidenta de la comisión, la correísta Pamela Aguirre, solicitó, a través del Consejo de Administración Legislativa (CAL), un pronunciamiento de la Corte Constitucional, una propuesta que tuvo el respaldo de la mayoría.

La misma resolución decidió desquitarse con los 2 legisladores de ADN (Alarcón e Iván Jurado), que promovieron la acción judicial.

De haber incumplido la decisión del juez, los legisladores implicados habrían corrido el riesgo de destitución.

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