La Asamblea Nacional debe agilizar el debate sobre la iniciativa popular presentada el 2 de marzo de 2026, que propone un proyecto de ley orientado al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la convivencia social pacífica.
El proceso, que en principio debería seguir un curso técnico y administrativo, se ha visto marcado por vacíos normativos, retrasos en la conformación de la comisión encargada de tramitar la propuesta y tensiones políticas entre las bancadas Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC).
El artículo 9 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone de un plazo de quince días para verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la iniciativa y pronunciarse mediante resolución del pleno.
El proyecto busca crear un cuerpo de protección ciudadana que articule la acción de distintas instituciones públicas bajo el liderazgo de los municipios de cada ciudad, en un intento por enfrentar los problemas de inseguridad en el país desde una lógica más territorial.
Pese a la relevancia del tema, el trámite legislativo no ha avanzado con celeridad.
El 31 de marzo de 2026, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 83 votos a favor, la conformación de la comisión calificadora encargada de revisar la iniciativa.
La comisión calificadora evaluará aspectos formales como la coherencia temática, la claridad en la redacción de los artículos, la existencia de una exposición de motivos y la correcta clasificación del proyecto como ley orgánica u ordinaria.
La resolución de este caso será clave no solo para el proyecto de seguridad, sino también para sentar precedentes sobre cómo se gestionan las iniciativas populares en el país, en medio de un escenario político marcado por la fragmentación y la confrontación entre fuerzas legislativas.
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