Justo cuando el Consejo de Participación Ciudadana iba a escoger por sorteo a los comisionados y con ello, convocar a inscribirse como candidato a contralor.
Un nuevo inconveniente amenaza con extender el concurso público para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, que se realiza en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a puertas de convocar a la ciudadanía a postularse para ocupar ese cargo.
En la penúltima fase para integrar la comisión ciudadana de selección del nuevo contralor del Estado, la Asamblea Nacional notificó al Consejo de Participación Ciudadana que uno de sus delegados a integrar dicha instancia, ya no es funcionario legislativo.
Este 16 de octubre, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela informó a los siete vocales del Consejo, que Santiago Cadena Martínez, quien fue designado como delegado de esa función a integrar la comisión ciudadana, no es parte de su nómina.
Por ello exhorta al CPCCS a que “en caso de ser procedente, se requiera la designación de otro funcionario que funja como delegado por parte de la Función Legislativa”, indicó Saquicela en su comunicación oficial.
La Constitución contempla la conformación de comisiones ciudadanas para la designación de varias autoridades de control del Estado, en las que deben participar cinco representantes de la ciudadanía y cinco representantes elegidos por las funciones del Estado: Judicial, Electoral, Ejecutiva, Legislativa; y, de Transparencia y Control Social. Son en total 20 personas las que deben ser escogidas: diez principales y sus respectivos suplentes.
Por ello, durante un pleno de noviembre del 2021, Cadena fue designado junto a Nary Galarza, como delegados de la Legislatura a ser parte de esta comisión ciudadana.
Casi un año después de esa decisión, Saquicela informó que no cuenta con su delegado para formar esta comisión, para que a su vez, se le solicite el envío de un nuevo integrante que deberá ser elegido en una sesión del pleno, de acuerdo con su procedimiento interno.
Esto ocurre justo cuando el Consejo de Participación Ciudadana se alistaba a realizar el sorteo público para escoger a los cinco miembros de la ciudadanía de un banco de elegibles de 30 personas.
Descalificados
Estas 30 personas superaron la fase de admisibilidad, de calificación de méritos y de escrutinio público que se ha venido realizando desde octubre del 2021, cuando el Consejo convocó a la ciudadanía a participar.
Durante esta última fase de escrutinio, se presentaron impugnaciones a catorce candidatos por falta de probidad e idoneidad, que terminó con once descalificados.
Las impugnaciones las presentaron los asambleístas de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES), José Chávez Valencia, Humberto Alvarado Espinel, Rosa Mayorga, Ferdinand Álvarez, Ricardo Ulcuango y Eduardo Zambrano Valle, quienes son miembros de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia.
Ellos argumentaron que los concursantes incurrían en la causal de falta de idoneidad y probidad para ser comisionados porque constaban en una lista elaborada por un exasesor (Alejandro Gallo) de la consejera y expresidenta, Sofía Almeida.