La oposición se ha propuesto tirar abajo el acuerdo económico, que firmó el gobierno de Daniel Noboa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y el ataque viene desde la mesa ocasional creada en la Asamblea, denominada pomposamente “Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social”, y que asumió la tarea de investigar cada detalle de las negociaciones.
En un informe enviado al pleno, la mesa planteó 9 recomendaciones, que pretenden tumbar el acuerdo. El mismo le permitió al Estado recibir un primer desembolso de 1.000 millones de dólares. En total son 4.000 millones los fondos establecidos entre las partes.
Las sugerencias incluyen demandar la inconstitucionalidad del documento firmado con el FMI; declarar la ilegitimidad de la deuda; solicitar al gobierno que se abstenga de pagarla; e iniciar un juicio político contra el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega.
El problema es que esta nueva arremetida de la oposición, requiere 70 votos para ser aprobada, y hasta ahora solo tiene el respaldo del correísmo y de Pachautik, que suman 54. Todos los demás bloques no quieren sumarse a esta iniciativa.
Incluso si llegara a aprobarse, la Asamblea no puede anular el acuerdo, ya que la Constitución establece que el Ejecutivo es el único con la potestad de manejar la economía del país. Sin embargo, sí afectaría la imagen del país.
