Un informe de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), aprobado por la Asamblea Nacional, encendió las alertas sobre la infiltración de grupos de delincuencia organizada en agencias municipales de tránsito en Ecuador.
El documento identifica al menos 150 gobiernos autónomos descentralizados (GAD) donde se detectaron irregularidades en el uso del sistema de matriculación, así como más de 117.000 registros con valores pendientes de pago.
Según los legisladores, estas debilidades habrían sido aprovechadas por organizaciones criminales para operar dentro de las entidades. Entre los casos más críticos se mencionan las agencias de Manta y Durán, que de acuerdo con el informe habrían sido tomadas operativamente por estructuras vinculadas a grupos como Los Choneros y Los Chone Killers.
Las irregularidades detectadas incluyen la legalización de vehículos robados provenientes de países como Colombia, Perú y Chile, la emisión de licencias profesionales sin sustento técnico y la eliminación irregular de multas. Además, se advierte que las bases de datos de tránsito habrían sido utilizadas para identificar posibles víctimas de extorsión y secuestro.
Para la mayoría legislativa, estos hallazgos evidencian fallas en el modelo de descentralización del sistema de tránsito, así como debilidades en los controles aplicados por los municipios.
Como parte de las recomendaciones, el informe plantea una reforma a la Ley de Tránsito que permita devolver al Gobierno central competencias clave, como la matriculación vehicular, la validación de registros y la administración de la base de datos nacional.
En contraste, sectores del correísmo cuestionaron el informe y señalaron que responde a un intento de afectar a los gobiernos locales en medio de un contexto político electoral.
Pese a ello, el documento fue aprobado con 79 votos a favor y será remitido a instituciones como la Contraloría y la Fiscalía para las acciones correspondientes.
