El Universo .– Actualmente, el informe motivado sobre el juicio político está en proceso de redacción que deberá concluirse hasta el 6 de mayo, según el cronograma
La asambleísta por la provincia de Bolívar, Mireya Pazmiño (separada del bloque Pachakutik), enfrenta dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado por fraude procesal y falsedad ideológica, y se prepara una queja en su contra a nivel de la Asamblea Nacional.
Pazmiño, junto a otros cuatro legisladores, impulsó la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por supuesto delito de concusión y peculado, derivados de una investigación que realizó una comisión ocasional donde ella también fue integrante y se denominó “El Gran Padrino”, que tomaba como base audios filtrados de supuestos hechos de corrupción en las empresas públicas que supuestamente las lideraba Hernán Luque Lecaro, presidente del directorio de EMCO, y el cuñado del presidente, Danilo Carrera Druet.
Una vez presentado el juicio político, la solicitud pasó a conocimiento de la Corte Constitucional para un dictamen de admisibilidad. El fallo de los jueces delimitó la razón por la cual el primer mandatario podría ser enjuiciado, pues rechazó la causal de un supuesto delito de concusión, y centró su decisión en un posible delito de peculado en el contrato para el transporte de hidrocarburos suscrito por la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker.
En la etapa de la práctica de la prueba del juicio político al presidente Lasso, en la Comisión de Fiscalización y Control Político, Pazmiño, fue activa en el interrogatorio a los testigos que se presentaron.
Pero, cuando ella pasó a ser testigo la situación de Pazmiño, se complicó. Pasó a ser fiscalizada por la defensa del primer mandatario por un informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico que preside respecto a la investigación al contrato entre Flopec y Amazonas Tanker.
Ella, como presidenta de la mesa de Régimen Económico, inició un proceso de fiscalización a Flopec que concluyó con la presentación de un informe no vinculante sobre la situación actual de la empresa pública con fecha 31 de octubre de 2022, que fue suscrito por cuatro asambleístas más: Johnny Terán (PSC), Ana Herrera, Blasco Luna y Jahiren Noriega (UNES).
El informe aborda el tema central del juicio político que ella mismo formuló al primer mandatario. En el informe legislativo resalta la asociación entre Flopec y Amazonas Tanker, e inclusive habla de un crecimiento en las utilidades de la empresa pública por un buen manejo de la entidad.
En cambio, en el juicio político admitido a trámite tras el dictamen de la Corte Constitucional habla de pérdidas y perjuicios al Estado de $ 6,1 millones por mantener el contrato con Amazonas Tanker, y que esa situación financiera de Flopec conocía el primer mandatario y no actuó.
Denuncias en la Fiscalía
Fraude procesal en el ámbito penal y falsedad ideológica en la falsificación de documentos relacionados al informe sobre el caso Flopec y Amazonas Tanker, son las causales que llevaron al legislador Fernando Villavicencio (IND) y a cuatro asambleístas del correísmo, a presentar denuncias ante la Fiscal del Estado, Diana Salazar.
La petición de investigación fue calificada y empezaron las comparecencias. El legislador Villavicencio precisó que la indagación se realiza por haberse descubierto que el informe elaborado en la Comisión de Régimen Económico que preside Mireya Pazmiño, fue hecho por personas vinculadas a Amazonas Tanker. Y ese informe forma parte del proceso de juicio político al presidente de la República.
La segunda denuncia fue presentada ante la Fiscalía por los asambleístas de UNES: Ana Herrera, Jahiren Noriega y Blasco Luna, frente al posible cometimiento de delitos en la elaboración del informe no vinculante sobre la situación de Flopec.
En el escrito presentado alertan que llegó a su conocimiento una noticia criminis sobre el hecho de que el informe respecto a Flopec y Amazonas Tanker, fue elaborado por ciertos funcionarios públicos que posiblemente utilizaron su influencia y la de sus familiares para perpetrar una serie de presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción para beneficio propio o de terceros; “por lo que solicitamos se investigue las responsabilidades en torno a dicho documento, en especial al exasesor parlamentario Mario Naranjo y a su hermano Wilson Naranjo, supuesto lobbysta de empresas petroleras.
Denuncia en la Asamblea
En tanto, la legisladora nacional por Pachakutik, Patricia Sánchez, prepara el texto para presentar un pedido de investigación y sanción ante el Comité de Ética de la Asamblea contra su colega Pazmiño, por las irregularidades denunciadas en la Fiscalía General del Estado respecto al informe sobre la situación actual de empresa pública Flopec, y el desenvolvimiento de los últimos años.
La denuncia en proceso recogerá la denuncia sobre la forma en que se elaboró el informe sobre el caso Flopec EP y Amazonas Tanker, pues se señala que el documento fue realizado por personas externas a la mesa de Régimen Económico, porque la presidenta no socializó el documento previo a su votación. Apoyaron el documento el voto de los asambleístas de las bancadas: UNES, PSC y Mireya Pazmiño.
Sánchez espera que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), califique su pedido de investigación y remita el expediente al Comité de Ética para que se indague y se sancione.
