En julio pasado se inició una instrucción fiscal por delincuencia organizada contra diez personas, entre ellas, el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán.
Seis de los diez procesados por el delito de delincuencia organizada, causa en la que es investigado el actual prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, están a la espera de que se realice la audiencia de apelación al auto de prisión preventiva que recibieron el 29 de julio pasado.
Esta diligencia estaba dispuesta para darse en la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi la tarde del martes último, pero no pudo instalarse porque primero existió la excusa del juez provincial José Luis Segovia, ponente del Tribunal que había conocido una acción de habeas corpus relacionada a varios de los apelantes, y luego de forma oral se excusó de ser parte de la sala el juez Santiago Zumba.
Un día después, el juez que quedaba en el Tribunal de Apelación, José Fernando Tinajero, también se excusó y se apartó del conocimiento de la causa. Según una providencia del 14 de septiembre pasado, Tinajero también conoció acciones de habeas corpus presentadas por dos de los procesados en esta causa. Ante esta situación se debe volver a sortear nuevos jueces que integren un tribunal para que conozcan la apelación.
Hasta el momento han transcurrido 49 días de los 90 que se definieron sean parte de la instrucción fiscal abierta ante una denuncia sobre que en Latacunga, La Maná, Salcedo y Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, operaba una organización delictiva que aprovechaba a funcionarios en diversos cargos en instituciones públicas y amistad con ciertas autoridades de la provincia, con la finalidad de facilitar la obtención de contratos a empresas ya definidas, previamente a un acuerdo con personas relacionadas a esas empresas a través de la entrega de dinero u otro mecanismos de beneficio.