Esta cifra se revela en el Barómetro de la Corrupción Ecuador 2022, estudio elaborado por Fundación Ciudadanía y Desarrollo junto con Transparencia Internacional, con el apoyo de la Cooperación Alemana GIZ, y que se presentó el pasado 31 de enero, en vísperas de los comicios seccionales del 5 de febrero.
La encuesta se aplicó a 1.500 personas de Costa, Sierra y Oriente, entre julio y agosto del 2022. Estuvo a cargo de la empresa Ipsos.
El documento menciona que Ecuador tiene uno de los índices más bajos de la región en cuanto a la compra de votos. El más alto lo tiene México, con un 50 %; seguido de República Dominicana, con 46 %, Colombia y Brasil, con un 40 %; y Honduras, con un 36 %.
“En una democracia real no basta con tener elecciones. De acuerdo con estándares internacionales, un proceso electoral debe ser justo, libre y transparente, y desarrollarse en igualdad de condiciones. El voto es una decisión importante de las personas, que además es clave para el sostenimiento de la democracia representativa. A través del voto la ciudadanía elige a las personas que cumplirán un mandato en su representación ocupando un cargo de autoridad. Por ello, la decisión que se tome debe ser libre, idealmente sin más influencias que la información disponible sobre los candidatos y sus planes de gobierno. No obstante, es frecuente que en varios países de la región se presente el caso en el que organizaciones políticas y candidatos destinan recursos económicos para comprar votos, es decir, pagar a la gente que presente evidencia de que votó a su favor, luego de incluso haberle facilitado medios para que pueda acceder al centro de votación. El fenómeno de la compra de votos, además de ser considerado una infracción electoral y hasta un delito en varios países de la región, sigue vigente y activo”, señala el estudio.
El reporte también se refiere al financiamiento electoral. El 62 % de las personas piensa que es frecuente que los políticos tomen decisiones o voten de forma que favorezca a una empresa o persona que le haya dado apoyo político o donaciones. El 12 % considera que esto sucede de forma ocasional. Y el 24 % cree que esto nunca pasa o sucede en raras ocasiones.
“Los grupos de poder encuentran caminos para maximizar su influencia en las decisiones públicas a través del financiamiento político electoral. En nuestro país se registran varios casos que permiten identificar este fenómeno. Podemos mencionar el caso Sobornos 2012-2016, también conocido como Arroz Verde, que involucra financiamiento irregular de una campaña presidencial, terminó en sentencia condenatoria por corrupción para más de veinte altas autoridades -incluyendo un expresidente de la República- y representantes de empresas privadas. Generaciones anteriores también recordarán el financiamiento irregular de la campaña presidencial de 1998, en que un banquero entregó varios millones de dólares a cambio de beneficios para su sector económico”, refiere el Barómetro.
