El operativo es similar al montado sobre Soyapango a principios de mes, que aún se mantiene, y ya dejó más de 500 detenidos
El Salvador avanza en su lucha contra las pandillas en su noveno mes consecutivo. Este sábado, Nayib Bukele dispuso el cercamiento de Tutunichapa, una populosa comunidad de la capital del país, en el segundo operativo de este tipo en diciembre.
“Desde esta mañana, la comunidad Tutunichapa en San Salvador está totalmente cercada”, escribió en su cuenta de Twitter Bukele.
El operativo involucra a más de 1.000 soldados y 130 agentes de la policía, que extraerán a los criminales “que aún quedan en esta comunidad, famosa por el narcotráfico”, continuó el mensaje.
“Todos los terroristas, narcotraficantes y pandilleros serán removidos de esta comunidad, hasta hace unos meses bastión del crímen”, declaró y agregó que “los ciudadanos honrados no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente”.
Tuit de Nayib BukeleEsta decisión no afecta el cerco similar dispuesto en Soyapango, la segunda ciudad más poblada del país, que fue montado el pasado 3 de diciembre. Este operativo incluyó a más de 10.000 efectivos policiales -en conjunto con la fuerza armada y la división élite de seguridad-, y fue el primero realizado en la quinta fase, de extracción, del famoso Plan Control Territorial impulsado por el Ejecutivo.
Hasta el momento, el departamento de prensa de la Casa Presidencial ha informado de seis detenciones en Tutunichapa, aunque sin especificar si se trata de pandilleros o de personas dedicadas al narcotráfico. En tanto, en Soyapango eran 500 los presuntos delincuentes detenidos hasta el 15 de diciembre.
Estos operativos incluyen registros tanto de las casas de las personas que allí habitan como de quienes circulan a pie o en vehículos, que ingresan o salen de las colonias. También, se realizan controles aleatorios en colectivos.
Estos operativos se enmarcan en la quinta fase, de extracción, del famoso Plan Control Territorial impulsado por el Ejecutivo (REUTERS)A su vez, por las calles circulan carros blindados del ejército -algunos de ellos artillados- mientras otros vehiculos de la policía con agentes fuertemente armados con fusiles de asalto se introducen en las colonias del municipio en busca de pandilleros.
El Salvador lleva meses embarcado en su guerra contra las pandillas, también llamadas maras, que lo ha llevado a establecer el régimen de excepción en todo el país, además de avanzar con este tipo de operativos en algunas ciudades.
El Ejecutivo prorrogó el 15 de diciembre por novena ocasión este régimen, que suspende los derechos constitucionales, y lo extendió por otros 30 días.
El Ejecutivo de El Salvador prorrogó por 30 días el régimen de excepción (REUTERS)“Las organizaciones criminales y sus integrantes mantienen su amenaza, que se ha evidenciado con ataques y agresiones concretados durante el régimen de excepción que aún transcurre, así como los remanentes de estas que no han sido capturados”, menciona el último escrito aprobado, en referencia a la ola de violencia que vivía el país en marzo, cuando los asesinatos escalaron a más de 80 en tan solo tres días -62 de ellos en una jornada-.
Desde el inicio de esta lucha, ya se ha conseguido el arresto de más de 60.000 personas por supuestos nexos con organizaciones criminales o delincuentes per se.
Sin embargo, esto le ha valido, también, críticas de múltiples familiares y organismos de derechos humanos que denuncian que se realizaron detenciones “ilegales” y sin respeto por los derechos.
Unas 200 personas protestaron para exigir a los jueces la liberación de sus familiares detenidos “ilegalmente” durante el régimen de excepción y los acusaron de “complicidad” con las violaciones a derechos humanos (REUTERS)A mediados de noviembre, unas 200 personas del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) se manifestaron en las calles y emitieron un comunicado de prensa en el que manifestaron su rechazo a las actuaciones de los juzgadores, a quienes acusan de “cómplices” de Bukele y señalaron como “responsables de violaciones a los derechos humanos, vejaciones, torturas, degradación a la salud, muerte y lesiones graves” de los detenidos”.
