Reuniones entre residentes, acercamientos con parroquias vecinas y actividades de socialización forman parte de las acciones que impulsa un grupo de habitantes de La Aurora para promover una eventual cantonización de esta parroquia perteneciente al cantón Daule.
La iniciativa busca impulsar una propuesta que permita a La Aurora convertirse en un nuevo cantón. Sus promotores aseguran que trabajan en el cumplimiento de los requisitos contemplados en la normativa ecuatoriana y en la consolidación de respaldo ciudadano que se ha ido acrecentando en los recientes años.
Hasta la fecha, La Aurora es una parroquia urbana del Cantón Daule, que pertenece a la provincia del Guayas. Agrupa actualmente más de 130 urbanizaciones y se estima que, a la fecha, en el sector viven más de 170 000 personas.
La cifra contrasta con los datos del último censo poblacional, que registró poco más de 222 000 habitantes en todo el cantón Daule. Es decir, gran parte de la población dauleña se concentra hoy en esta parroquia ubicada en el límite con Guayaquil y Samborondón.
Avances de la propuesta de cantonización
Los impulsores atribuyen la propuesta a desafíos latentes en movilidad, infraestructura vial, planificación territorial, seguridad y crecimiento urbano. También cuestionan la expansión de proyectos comerciales y habitacionales en una parroquia que, según las estimaciones que manejan, supera los 200.000 habitantes.
Santiago Coello, presidente de Comunidad La Aurora, sostuvo que la iniciativa responde a la necesidad de una administración enfocada en las características actuales de la parroquia.
Coello afirmó que La Aurora está próxima a cumplir 25 años de creación como parroquia, superando el mínimo de diez años exigido por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Añadió que la población estimada supera ampliamente los 50.000 habitantes requeridos para la creación de nuevos cantones.
¿Qué dice la ley?
La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) explicó, a diario El Universo, que la creación de un nuevo cantón está regulada por la Constitución y por los artículos 21 y 22 del Cootad.
El artículo 21 establece que la creación de cantones se realiza mediante ley y que la iniciativa corresponde al presidente de la República.
El artículo 22 fija requisitos relacionados con población, delimitación territorial, antigüedad de la parroquia, informes técnicos y consulta popular.
Entre las condiciones se encuentra una población mínima de 50.000 habitantes, de los cuales al menos 12.000 deben residir en la futura cabecera cantonal. También se requieren informes favorables del gobierno provincial y del organismo nacional de planificación.
AME precisó que los municipios involucrados también deben emitir un informe dentro del procedimiento. Sin embargo, aclaró que ese pronunciamiento no tiene carácter vinculante.
La entidad señaló además que el proceso requiere informes técnicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del Comité Nacional de Límites Internos (Conali), organismo encargado de determinar la factibilidad territorial de una eventual cantonización.
Una vez reunidos los requisitos, la iniciativa debe ser presentada al presidente de la República. Si el Ejecutivo la acoge, el expediente pasa al Consejo Nacional Electoral para la convocatoria de una consulta popular en los territorios que conformarían el nuevo cantón.
Si la ciudadanía aprueba la propuesta, el presidente remite a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la creación de la nueva jurisdicción.
Factibilidad económica y desafíos
Leonel Fuentes Sáenz de Viteri, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, señaló al diario, que uno de los aspectos más sensibles dentro de estos procesos corresponde a la factibilidad económica.
“El informe de factibilidad económica va a afectar a Daule”
El académico explicó que cualquier propuesta debe demostrar que el nuevo cantón tendrá capacidad para sostener una estructura administrativa propia y garantizar la prestación de servicios. Añadió que también debe analizarse el impacto que tendría la separación sobre las finanzas del cantón al que actualmente pertenece.
Fuentes recordó que el camino ordinario depende de una iniciativa presidencial. Sin embargo, mencionó que existe otra alternativa basada en mecanismos de participación ciudadana.
¿Una consulta popular?
Según explicó, los impulsores podrían reunir firmas para respaldar una propuesta ciudadana y buscar que el tema llegue a las urnas. Advirtió, no obstante, que ese procedimiento demanda más tiempo y trámites adicionales ante las autoridades electorales.
“Una lucha por alcanzar una consulta puede costarle fácilmente dos o tres años”, indicó.
