La sesión del CAL está convocada para este 8 de noviembre, a partir de las 18:00, para conocer dos quejas presentadas por legisladoras de UNES.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), este 8 de noviembre, resolverá dos pedidos de sanción en contra del asambleísta nacional Fernando Villavicencio, que plantea suspenderlo hasta por tres meses por llamar “mafiosas y mafiosos” a los integrantes del bloque correísta Unión por la Esperanza (UNES) y tildar “como el puerco” a una de las legisladoras de esa bancada.
La primera acción la presentó la legisladora Patricia Núñez y fue calificada por el CAL, el 27 de septiembre de 2022, quien toma como prueba la publicación de una respuesta a un tuit suyo del 14 de septiembre. Se “me insulta de la siguiente manera: por hacerte la fiscalizadora con información falsa, quedaste como el puerco y ahora tienes que enfrentar a la justicia”, dijo.
Esto en referencia a una supuesta investigación del CIES, donde esa institución de inteligencia calificó de falsa la información presentada ante la Fiscalía por parte del legislador Fernando Cedeño (UNES) en contra de Villavicencio.
Villavicencio calificó de ofensivos los tuits de Núñez, porque lo tacha de mentiroso, corrupto, utilizando un hashtag que es una incitación a viralizarla, es decir, multiplicar el nivel de ofensa a su persona.
La segunda queja fue presentada por la asambleísta Pamela Aguirre (UNES), quien argumenta que el 1 de septiembre de 2022, en la sesión 797, el asambleísta Fernando Villavicencio gritó, dirigiéndose a los integrantes de la bancada UNES, los términos ofensivos “mafiosas y mafiosos”. Discriminó “nuestra condición de representantes populares por el simple hecho de pertenecer a la bancada UNES, expresiones que tenían la voluntad de ofender e incitar al odio, todo esto además irrespetando el uso de la palabra de otro legislador, pues sus gritos fueron durante la intervención del asambleísta Ronald González”.
Las dos legisladoras que presentaron la queja sostienen que las actuaciones de Villavicencio se enmarcan en lo establecido en el numeral 5 del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, relacionados con prohibiciones para los legisladores de expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional.
Ese tipo de faltas administrativas son consideradas muy graves y serán sancionadas con suspensión, sin remuneración, de 31 a 90 días.
Fuente: El Universo
