El Consejo de Administración Legislativa (CAL) todavía no califica el posible juicio político contra Gonzalo Albán, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El organismo solicitó a la Unidad Técnica Legislativa (UTL), organismo asesor, que dentro de un plazo de 3 días remita un informe, sobre el cumplimiento de requisitos para continuar con la interpelación o no.
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El primer paso
El informe de la UTL no es vinculante. Es decir, no es de obligatorio cumplimiento para el CAL. Sin embargo, dará luces sobre si es factible continuar con el proceso contra Albán.
En caso de ser calificado el juicio político, se remitirá el expediente a la Comisión de Fiscalización del Parlamento que, respetando el orden, lo sustancie y emita a su vez un informe.
De acuerdo con el CAL, la solicitud de juicio político contra el consejero Albán, se enmarca en un presunto incumplimiento del numeral 8 del artículo 21 de la Ley del Consejo de Participación, respecto a la prohibición de ser afiliado o adherente a una organización política, durante los cinco años previos al desempeño de sus funciones.
En su solicitud de juicio político, el asambleísta Keevin Gallardo sostiene que Albán se desafilió de un partido político en el 2022, apenas un año antes de ser electo vocal alterno del CPCCS, en el 2023. Asimismo, señala que, pese a que el CNE lo descalificó por este motivo, la mayoría del TCE sí permitió su candidatura.
