De acuerdo con la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), que sustenta 290.000 empleos, la inseguridad representa una carga económica de casi $ 100 millones anuales, además de las víctimas que deja como saldo.

”El nuevo Gobierno asume la enorme responsabilidad de restaurar y garantizar la seguridad que se ha perdido bajo la administración actual”, dice el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano.

Como resultado de actos criminales, el empresario mencionó que hasta la fecha el saldo son 51 personas heridas y dos fallecidas. “El sector insiste en la necesidad de que las empresas de seguridad privada tengan acceso a armamento de mayor calibre para contrarrestar los ataques de grupos delictivos”, indica el gremio a través de un comunicado emitido este lunes 16 de octubre.

Asimismo, instan a dotar a las fuerzas de seguridad pública con armamento moderno y a considerar la militarización de corredores viales con altos índices de criminalidad.

El sector también exhortó al nuevo Gobierno a trabajar en la competitividad interna del país con el fin de impulsar la producción y las exportaciones, lo cual implica, según indican:

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  • Mejorar la eficiencia de los servicios públicos dirigidos al sector productivo.
  • Transparentar el cálculo de las tarifas de combustibles para no trasladar las ineficiencias del Estado ni el déficit público al empresario.
  • Abordar la informalidad que crea una competencia desleal al sector productivo.

Otro punto a considerar, de acuerdo con la CNA, es promover el desarrollo del sector agropecuario, para lo cual mencionan la necesidad de contar con mecanismos de financiamiento para el sector productor que resultará afectado por el fenómeno El Niño.

“El sector agropecuario debe desempeñar un papel fundamental y no quedar relegado sin una política de fomento. Debe convertirse en un motor de desarrollo en las zonas rurales, para que nuestros jóvenes no se vean obligados a emigrar”, afirma Camposano.