La asambleísta oficialista de ADN, Camila León, presentó el martes 21 de enero de 2026 un proyecto para modificar el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
León asegura que la reforma busca proteger la libertad de expresión, pero organizaciones civiles advierten que podría blindar a los funcionarios públicos frente a críticas.
El artículo actual sanciona con hasta 30 días de cárcel a quienes difamen o desacrediten a otra persona. Estas conductas se consideran contravenciones de cuarta clase.
La propuesta de León añade que un juez debe verificar si la expresión denunciada corresponde al ejercicio legítimo de la libertad de expresión sobre asuntos de interés público o críticas a funcionarios en sus funciones.
Para León, la reforma protege tanto la libertad de expresión como la honra de los servidores públicos.
Sin embargo, la fundación Ciudadanía y Desarrollo advierte que podría permitir sanciones penales innecesarias. Recuerdan que la Corte Interamericana recomienda medidas civiles o administrativas, no penales, para funcionarios afectados por críticas.
La jurista María Dolores Miño considera que la iniciativa es una “trampa legal” que podría criminalizar opiniones y limitar la labor periodística.
Organizaciones de la sociedad civil señalan que, en el pasado, se aplicaron figuras legales similares para silenciar críticas y periodismo de investigación.
El proyecto ha generado un debate sobre cómo equilibrar la libertad de expresión y la protección de la honra de los funcionarios. Críticos alertan que la reforma podría restringir la crítica y el control social.
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