La mañana del 14 de mayo de 2026, en la Corte Nacional de Justicia, se instaló la audiencia de formulación de cargos contra 21 personas en el caso Apagón.
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La diligencia, que se desarrolla tras descartar tres solicitudes de diferimiento, investiga un posible peculado entorno a contratos de generación eléctrica entre las empresas Celec y Progen.
En esta causa, se investiga a 21 procesados, entre ellos el exministro de Energía Antonio Goncalves y el exgerente de Celec, Fabián Calero.
Intervención de Leonardo Alarcón
Durante la primera parte de la diligencia, el fiscal Leonardo Alarcón detalló cómo, según Fiscalía, habría sucedido el peculado relacionado con la crisis energética de 2024.
Según el Fiscal (e) Alarcón, un grupo de funcionarios públicos «se aprovecharon de la falta de energía» por la que atravesaba el país y evadió procedimientos de contratación pública.
Lo hicieron para favorecer a Progen, empresa que no cumplía con especificaciones técnicas ni con obligaciones legales.
Alarcón detalló que el 2 de agosto de 2024 se firmó el contrato de emergencia Salitral por USD 99,4 millones y el contrato de emergencia Quevedo por USD 49,7 millones.
Un prejuicio de USD 140 millones para Ecuador
Las indagaciones suceden luego de que Contraloría determine un perjuicio de cerca de USD 140 millones para el Estado por contratos con la empresa estadounidense Progen, para instalar centrales termoeléctricas Quevedo y El Salitral.
El inicio de la investigación se conoció después de que el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, anunciara que se estaba indagando en los procesos de contratación de Celec realizados durante la emergencia eléctrica.
Dichos contratos fueron adjudicados por Celec a las empresas Progen, con sede en Estados Unidos, y Austral Technical Management, con sede en Uruguay.
