La cadete es la única persona detenida en este caso. La Fiscalía la investiga por el presunto delito de femicidio.
El próximo viernes 28 de octubre un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha resolverá si la cadete de Policía Joselyn S. continuará en prisión preventiva o se enfrentará en libertad al proceso que se sigue en su contra por el presunto delito de femicidio de la abogada María Belén Bernal.
Para las 14:30 de ese día fue convocada la audiencia de apelación a la medida cautelar de prisión preventiva. La diligencia se desarrollará de manera telemática. El Tribunal Segundo de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito está conformado por los jueces José Jiménez (ponente), Miguel Narváez y Mónica Bravo.
Joselyn S. es la única persona que guarda prisión por este caso. La cadete lleva más de un mes recluida en un centro de privación de libertad ubicado en el sur de Quito.
Fue detenida para investigaciones el 16 de septiembre, cinco días después de que se perdiera el rastro de María Belén Bernal -luego que ingresó a la Escuela Superior de Policía-. En principio, la cadete fue investigada por el presunto delito de desaparición involuntaria y se le dictó orden de prisión preventiva.
Después, el 23 de ese mismo mes, por pedido de la fiscal María Isabel Jiménez, la jueza Catalina Sánchez cambió el tipo penal a femicidio, además, mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva.
En aquella audiencia se vinculó al proceso judicial al teniente Germán Cáceres, esposo de la víctima, quien es considerado el principal sospechoso del asesinato de Bernal, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia en el cerro Casitagua.
A Cáceres también se le dictó prisión preventiva, pero desde mediados de septiembre abandonó el país y hasta el momento no se concreta su captura.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de femicidio ocurre cuando se provoca la muerte de una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. La persona responsable por este acto será sancionada con una pena de 22 a 26 años de cárcel.