El empresario guayaquileño Roberto Cortés Ripalda se declaró culpable del delito de conspiración para cometer fraude electrónico. El proceso dado ante una Corte de Nueva York, Estados Unidos, es parte del caso Biscayne Capital, en el que se lo investigaba, junto con otras dos personas, de una supuesta millonaria piramidación y de lavado de activos.
Según documentos judiciales, en 2005, Cortés Ripalda, de 56 años, de Key Biscayne, fundó la empresa de servicios financieros Biscayne Capital. Aproximadamente entre 2013 y 2018, Cortés y otros habrían orquestado un plan para defraudar a los clientes de Biscayne Capital a través de una serie de mentiras sobre cómo la empresa usaría los fondos de los clientes.
Por ejemplo, Cortés y sus cómplices habrían dicho a sus clientes que sus inversiones financiarían el desarrollo de proyectos inmobiliarios, cuando en realidad, los implicados utilizaron el dinero para pagar a otros clientes de Biscayne Capital, cubrir gastos de Biscayne Capital y pagar ellos mismos millones de dólares. Las autoridades estadounidenses sostienen que Cortés y sus cómplices también invirtieron el dinero de los clientes sin su conocimiento y luego intentaron cubrir sus huellas proporcionando a los inversores estados de cuenta fraudulentos.
En una comunicación de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Cortés Ripalda se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Como parte de su declaración, él habría aceptado una sentencia de decomiso por la cantidad de $ 3.4 millones.
Está previsto que Cortés sea sentenciado el 12 de enero de 2024 y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Se estima que un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.Gracias a los Papeles de Panamá, una filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), de la que fue parte Diario EL UNIVERSO, se conoció en el año 2016 sobre los sobornos que se habían pagado en Petroecuador y parte de la ruta de esos fondos.
Una pieza en ese andamiaje fue Frank Chatburn Ripalda, que trabajó con Biscayne Capital y era socio en algunas de las empresas del grupo. Él ya fue condenado en Miami.
Chatburn participó en el registro de 43 compañías en distintas jurisdicciones con el estudio panameño Mossack Fonseca. Al menos diez de ellas estaban relacionadas con parientes de exautoridades, contratistas del Estado y exfuncionarios de Petroecuador, según un recuento realizado por este Diario. El monto de los sobornos sancionados en Miami supera los $ 28 millones.
A su vez, Biscayne Capital consta en la base del ICIJ con al menos doce compañías, entre ellas, la panameña Melvin Overseas S. A., cuyo beneficiario final era Silvio Heller Albin, de la empresa Sumil, que representaba a los helicópteros Dhruv en Ecuador cuando se realizó la compra de las aeronaves por parte del Ministerio de Defensa.
Otra compañía relacionada con Biscayne Capital era Sentinel Mandate & Escrow, que apareció en los documentos de respaldo de la confesión de Jose Conceição Santos, principal de Odebrecht en Ecuador. En 2017, Santos reveló las transferencias bancarias enviadas a esa empresa, que recibió $ 4,6 millones de un total de unos $ 50 millones de sobornos pagados por la constructora a funcionarios ecuatorianos.
Posteriormente, en enero de 2022, se conoció que las pruebas en el caso Biscayne también incluían a Seguros Sucre S. A.
