Vistazo .- Por presunto peculado se formularán cargos en contra del exvicepresidente Jorge Glas y otros dos exfuncionarios, dentro del caso denominado «Reconstrucción de Manabí«, en el que se investiga el uso de los fondos recaudados tras el terremoto del 16 de abril de 2016.
Para este miércoles 6 de septiembre a las 08h30 fue señalada la audiencia de formulación de cargos, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) reuniera los elementos de convicción.
Ese fenómeno natural, con una magnitud de 7.8 en la escala de Richter, dejó más de 670 muertos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales, principalmente en las provincias de Esmeraldas y Manabí.
En vista de aquello, el Gobierno del expresidente Rafael Correa expidió, el 20 de mayo de ese año, la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto, que contemplaba una recaudación sobre la remuneración de los trabajadores.
Glas fue designado por Correa como presidente del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las zonas afectadas.
Con esta ley que implicó el aumento del IVA, se recaudaron más de 1.614 millones de dólares, los cuales, según Fiscalía, se destinaron a contratos y proyectos que no fueron prioritarios en el contexto del terremoto.
«Es decir no eran emergentes ni estaban dirigidos a los damnificados», acotó la institución.
Asimismo, la FGE formulará cargos contra otros dos ciudadanos: Carlos Bernal Alvarado, quien fue secretario de dicho comité, y Pablo Ortiz Hidalgo, quien fue gerente de la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico (Ecuador Estratégico EP).
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de diez a trece años.
Glas fue condenado a seis años de cárcel al verse salpicado por la trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht; y a ocho años de cárcel por pedir sobornos a empresarios a cambio de contratos con el Estado.
No obstante, el exvicepresidente, quien desde 2017 cumplía con una pena de prisión, salió en libertad condicional el 28 de noviembre del 2022 y también recuperó sus derechos políticos.
