Este cuadro médico, señala la solicitud, imposibilitaba que puedan viajar a Ecuador los dos procesados. ”De manera especial y por esta única razón solicito se nos permita realizar la presentación en forma telemática, dado que existen otros procesados a los que se ha permitido realizar presentaciones periódicas de esta manera ante la secretaría de la CNJ o si usted considera, señor juez, en la Embajada o sede diplomática ecuatoriana en la ciudad de Asunción, en Paraguay”.
El 5 de junio pasado, Espinosa no acogió el pedido de prisión preventiva solicitado contra Moreno y González propuesto por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, y en su lugar decidió que ambos se presenten los últimos diez días de cada mes en la delegación diplomática de Ecuador en Asunción, en Paraguay, y cada cuatro meses en la Sala Penal de la Corte Nacional en Quito.
Al inicio de la instrucción fiscal, el exmandatario ecuatoriano y su pareja recibieron la medida cautelar de presentación periódica cada quince días en la Corte Nacional, en Quito. Ninguno de los dos cumplió con esa disposición legal, pues Moreno y su esposa vivían desde el 2022 en Paraguay, país en el que el expresidente ocupa un cargo ad honorem en la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Fiscalía investiga en este caso un cohecho aparentemente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, obra emblemática del correísmo. Aunque fueron investigadas 40 personas durante los 120 días de instrucción fiscal, la cual se cerró el 14 de julio pasado, la fiscal general, Diana Salazar, anunció que presentará un dictamen acusatorio solo contra 25 procesados.
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Para Salazar, los acusados habrían formado parte de una trama de sobornos para favorecer a Sinohydro con la adjudicación del contrato para construir Coca Codo Sinclair y por lo que a cambio habrían recibido $ 76 millones en coimas.
Quienes están en la lista de acusados son el exmandatario Moreno, su esposa, su hija, dos hermanos y una cuñada. También el empresario y abogado Conto Patiño, su esposa Beatriz Herdoíza, cuatro hijos de ambos (María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia y Manuel Patiño Herdoíza), Priscila Burneo y Xavier Macías Carmigniani, nieta y yerno de Conto Patiño, abogados, exfuncionarios públicos ecuatorianos y cinco exfuncionarios de la estatal Sinohydro, entre quienes está el exembajador de China Cai Runguo.
En la providencia de Espinosa se precisa que la sustitución, suspensión, revisión, revocatoria de medidas cautelares tiene un procedimiento regulado en los artículos 520 y 521 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que exige que el juzgador resuelva de “manera motivada, en audiencia oral, pública y contradictoria”, las solicitudes de sustitución, suspensión, revisión o revocatoria de medidas cautelares.
El magistrado recuerda que en el escrito se solicita que por esta única ocasión se les permita realizar la presentación en forma telemática, sin considerar, anota, que las decisiones y resoluciones tomadas por el juez son de acatamiento obligatorio y no pueden ser modificadas al margen del procedimiento establecido en la normativa legal. “De ahí que la petición de cambiar la medida cautelar, aunque sea por una sola vez, se torna en improcedente e ilegal por atentar contra los principios procesales que rigen la materia penal”.
Sin embargo, reconoce el conjuez Espinosa, en el caso debe analizarse el certificado médico expedido por el médico urólogo, que ha sido validado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el cual da fe de la imposibilidad física de la presentación en la Sala de lo Penal de la CNJ, desde el 29 de septiembre de 2023, y aclara que de modo alguno esta circunstancia puede constituir un sustento para modificar o revisar la medida dictada por el juez; pero, acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil, este documento sí justifica el hecho de que Moreno y González no pudieron presentarse en la Corte Nacional en el mes de septiembre pasado, en razón de cumplirse los elementos que configuran el caso fortuito.
Según su abogado defensor, Moreno y González han cumplido con normalidad estas primeras tres presentaciones en la Embajada de Ecuador en Paraguay. Pese a ello, este incumplimiento de medida cautelar abre la puerta a que la Fiscalía solicite una audiencia para revisar las medidas cautelares que pesan sobre ellos, es decir, podría solicitar que se active la orden de prisión preventiva.
Meza ha reconocido que la consecuencia jurídica de la no presentación es que la Fiscalía solicite la prisión preventiva de ambos. De darse un pedido de prisión preventiva para Moreno y su esposa, adelantó el abogado que ellos presentarán su oposición explicando nuevamente las condiciones particulares del exmandatario. Cree que más allá del tema político y mediático, de lo que se debe hablar en este punto es de la salud de un ser humano.
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó el 18 de octubre pasado un escrito en el que solicita que se certifique si todas las personas procesadas en el caso Sinohydro han o no cumplido con las medidas cautelares dispuestas en esta causa. Aún no existe una respuesta respecto a la confirmación certificada.
Ya cerrada la etapa de instrucción fiscal, en la causa los sujetos procesales se encuentran a la espera de que se fije una fecha para que se dé la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que se debatirá sobre si existen o no vicios de nulidad y se escuchará el dictamen acusatorio de Fiscalía. El último diferimiento de esta diligencia se dio el 14 de septiembre pasado, debido a seis pedidos hechos por defensas de los investigados. Aún no existe una nueva fecha para instalar la audiencia.
