El País .- Tras más de cuatro meses de trabajo, el Consejo Constitucional ha aprobado por 33 votos a favor, de las derechas, y 17 en contra, de las izquierdas, el texto de Carta Fundamental que se plebiscitará en diciembre
El Consejo Constitucional de Chile, compuesto por una mayoría conservadora, ha aprobado este lunes en su pleno la propuesta de nueva Constitución que será plebiscitada por la ciudadanía el próximo 17 de diciembre. Ha sido un proceso de más de cuatro meses de trabajo de este órgano, marcado por la polarización entre el oficialismo del presidente Gabriel Boric y la oposición, que ha sido protagonista de este segundo intento de Chile por reemplazar la Constitución vigente de 1980, de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero sometida a unas 60 modificaciones en democracia. Es la derecha, la tradicional y la extrema, la que ha liderado este proceso con una mayoría en el consejo (33 de los 50 redactores), lo que explica que el texto haya sido aprobado tal cual su integración: por 33 votos a favor y 17 en contra, del oficialismo. El texto que se someterá a referéndum en menos de siete semanas, por lo tanto, llega a los ciudadanos sin consenso político.
Tras la aprobación de la propuesta, la nueva Constitución será entregada el próximo martes 7 de noviembre al presidente Boric para que cumpla el mandato de convocar al plebiscito, de carácter obligatorio para la ciudadanía.
La votación del pleno de este lunes estuvo cruzada por un debate entre la oposición y el oficialismo, con recriminaciones de ambos bandos de no haber logrado un acuerdo amplio, como era el objetivo de este segundo intento en cuatro años. No hubo tampoco novedades en la votación, pues en los temas clave e ideológicos que dividían a ambos sectores hace meses que las deliberaciones eran a favor con los 33 votos de las derechas, de ellos 22 del Partido Republicano de la derecha extrema, y 17 de las izquierdas.
Este es el segundo intento de Chile en cuatro años de cambiar la actual Carta Fundamental que, aunque nació en la dictadura en 1980, ha sido reformada unas 60 veces desde 1989. En 2005, en el Gobierno del socialista Ricardo Lagos, se llevaron adelante las principales modificaciones, por lo que el texto vigente lleva la firma del expresidente que gobernó Chile entre 2000 y 2006. El país debió emprender un nuevo proceso en 2023 luego que, la anterior propuesta fuera rechazada por un 62% de la ciudadanía. A diferencia del texto actual, en el frustrado proceso anterior la propuesta fue elaborada por una Convención Constitucional dominada por una izquierda identitaria y radical.
Este segundo intento tomó forma en noviembre de 2022, tras el fiasco anterior. Impulsado por el presidente Boric y apoyado por la derecha tradicional, tuvo características muy diferentes al primer proceso. Arrancó con un primer texto acordado por una Comisión Experta de todos los sectores con representación en el Congreso, que trabajó entre marzo y 6 de junio pasado. El Consejo de 50 miembros, sin embargo, realizó cambios importantes, porque las derechas hicieron valer su mayoría.
Este proceso ha estado marcado, adicionalmente, por un constante desinterés de la ciudadanía. La mayoría de las encuestas, desde que comenzó en marzo el trabajo de los expertos, ha ido revelando que más del 50% de los chilenos consultados ha estado persistentemente inclinándose para votar en contra de la nueva Constitución, y lo ha hecho aún sin conocer la propuesta. El último sondeo del domingo, de la encuestadora Cadem, mostró que la opción a favor subió tres puntos con respecto a una semana atrás, con un 34%, pero que la opinión en contra llega al 51%.
Pero también este nuevo intento, ha estado cruzado por otra característica: si en la convención anterior las derechas, que eran minoría, alegaron falta de diálogo, hoy son las izquierdan las que se han quejado de falta de acuerdos.
La nueva propuesta de Constitución ha sido catalogada por las izquierdas desde hace meses con dos conceptos: identitaria y dogmática. Este lunes se repitieron en el debate del pleno previo a una votación que tuvo como única sorpresa el hecho de que los consejeros del oficialismo de Boric, por primera vez, transparentaron que votarán en contra del texto en el próximo plebiscito. Uno de ellos fue el socialista Alejandro Köhler: “No tenemos otra opción que rechazar este texto. Se impuso una mayoría circunstancial con un texto dogmático. Optaron por imponer un texto excluyente, dogmático, retrogrado y polarizante, que representa un riesgo de inestabilidad política y social, precisamente, por dejar sin espacio democrático a otras ideas democráticas”.
Antonia Rivas, abogada e integrante de la Comisión Experta de Convergencia Social, el partido de Boric, dijo: “Fracasamos en ofrecerle a Chile una Constitución de consenso. Por el contrario, le ofrecemos un texto con letra chica, maximalista y partisano, que pone en riesgo la estabilidad”.
En cambio, el consejero Luis Silva, del Partido Republicano, colectividad que lidera el excandidato presidencial José Antonio Kast, dijo que el nuevo texto que proponen “es mejor que la actual, mucho mejor, porque se hace cargo de los desafíos de un Chile muy diferente al de 1980″ y que “robustece las capacidades del Estado para hacer frente a la delincuencia, al terrorismo, a la corrupción”. “Al votar A favor, tengo la seguridad de qué es lo que pasará: sé que se cierra un proceso y conozco las reglas con que se gobernará a Chile en adelante. Al votar En contra, en cambio, se abre un camino de pura incertidumbre. ¿Seguirá vigente la Constitución actual, por cuánto tiempo?”. Y añadió: “Enfrentados a esta alternativa, espero que la gran mayoría elija el primer camino, el de la seguridad. Por esto que yo voto A Favor y los invito a votar A Favor”.
Un elemento de este proceso constitucional ha sido el papel del Partido Republicano, que nunca estuvo por cambiar la Constitución actual y, de hecho, no estuvo en el acuerdo de noviembre de 2022 que buscaba una segunda oportunidad. Luego de obtener la mayoría de los cupos en la elección de mayo pasado, sin embargo, comenzó a proponer una serie de enmiendas, muchas de ellas de carácter conservador, que se fueron aprobando por el camino con los votos de la derecha tradicional. Por ello, durante más de tres meses fue una incógnita si esta fuerza política conservadora se manifestaría a favor o en contra del texto. Esto, hasta que su líder, Kast, anunció el 3 de octubre que en el próximo plebiscito “tenemos una gran oportunidad para cambiar el futuro”.
Luego, toda la oposición se ha sido sumando al voto A favor, entre ellos la principal figura política de la derecha tradicional, la alcaldesa de Providencia de la UDI, Evelyn Matthei. La economista, que solo unos días antes había criticado la propuesta, anunció luego su apoyo.
Un gran dilema para las izquierdas
El texto que será plebiscitado contiene una serie de artículos que para las izquierdas chilenas representan un retroceso. Y el llamado a rechazar la propuesta ha supuesto en un dilema complejo, pues manifestarse en contra significa, de alguna forma, visar o defender precisamente la Carta Magna actual cuyo reemplazo ha sido empujado durante años por este sector. Le achacan como pecado de origen que surgiera en la dictadura de Pinochet.
Entre los principales puntos que le critican la izquierdas al nuevo texto es que, si bien se consagró en el texto el Estado social, que ha sido su aspiración histórica, no quedó tal cual como querían. Las derechas, con su mayoría —al que el oficialismo le impugna que es circunstancial— logró mantener en la propuesta también el modelo de Estado subsidiario, que está implícito en la Carta Fundamental vigente, y que ratifica un papel clave a los privados en la provisión de derechos sociales, como en el sistema de pensiones y salud. Se suma otra norma aprobada que señala que “la ley protege la vida de quien está por nacer”, una de las más complejas para este sector que prevé que podría colisionar con la ley aborto tres causales que rige desde 2017 en Chile.
El Gobierno de Boric ha mantenido una cuidada prescindencia durante los siete meses en que se ha llevado a cabo el proceso, lo que se ha traducido en que desde el Ejecutivo han emitido escasas opiniones sobre su curso. Sin embargo, hoy, mientras sucedían las intervenciones de los consejeros y los expertos, el ministro secretario general de Gobierno, el socialista Álvaro Elizalde, dijo que “en alguna medida, creo que se debería haber hecho un mayor esfuerzo para arribar a un texto que representara la diversidad de la sociedad chilena para no repetir los errores del pasado”. Y agregó que “una Constitución debe ser un espacio de encuentro y proyectarse por décadas y para eso debe ser expresión de consenso sustantivo de nuestra sociedad y, por tanto, se debió hacer un esfuerzo adicional en la materia”.
Lo dicho que por Elizalde ha sido un tono similar al del presidente Boric de la semana pasada, que dijo sobre el proceso que “sin acuerdos amplios, Chile no avanza”. “Podemos ser adversarios en muchas cosas, podemos tener diferencias de opinión que nos enriquezcan, podemos agarrarnos de las mechas [el cabello] en algún proyecto específico, pero no puede ser que por la incapacidad de quienes estamos en política profesionalmente, perjudiquemos a nuestros habitantes”, aseguró el mandatario, que enfrentará un nuevo plebiscito antes de cumplir dos años en La Moneda, de los cuatro de su gestión que acaba en marzo de 2026.
Dos principales figuras de las izquierdas, los expresidente socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-2019), también han manifestado sus discrepancias con el texto. Lo han hecho mientras aún se realizaban las deliberaciones de las normas. El exmandatario dijo hace dos semanas que no estaba “disponible para, de nuevo, hacer una Constitución donde un sector tiene un veto privilegiado”. Bachelet, advirtió en septiembre que “no se aprendió la lección que nos hizo fracasar la vez anterior”. “Una Constitución no es el espacio para darle rango nacional a identidades políticas particulares, ni para hacer sentir ni perpetuar el triunfo de unos sobre otros. Una Constitución es el conjunto de reglas básicas aceptadas por todos que nos permite procesar democráticamente nuestras diferencias”, dijo la socialista.
Los partidos del oficialismo y otros de centro no dan a conocer todavía su posición oficial respecto del referéndum. En tanto, desde que se inició este segundo intento, Boric adelantó que en su Administración no habrá “condiciones para llevar adelante un nuevo proceso”. De no aprobarse, Chile tendría que llevar adelante cambios a la actual Carta Fundamental a través de reformas.
