El Gobierno de Chile retomó la expulsión de extranjeros, entre ellos venezolanos, en condición irregular o con pasado delictivo.
Hace una semana, el jueves 23 de noviembre de 2023, la ministra de Interior de Chile, Carolina Tohá, manifestó que un avión con 60 migrantes venezolanos expulsados de Chile no pudo despegar porque el Gobierno de Venezuela “no autorizó” la salida del vuelo y el aterrizaje en su territorio.
Desde Caracas no hubo respuesta, al menos de manera pública. Y Chile adelantó que habría contactos diplomáticos para avanzar en el tema.
Según la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), al menos 7,7 millones de venezolanos han migrado de su país y unos 444.000 se han establecido en Chile, reseñó un Yahoo News con datos de Reuters.
A las declaraciones de Tohá se sumó el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve: “Se había corroborado su identidad, se había contratado el avión para expulsarlas (…) pero una sola decisión de la autoridad aeronáutica venezolana echó todo por tierra porque dijo, no, no los autorizo a volar a Venezuela”, divulgó la agencia Reuters citando el noticiero chileno 24 Horas.
El mismo Monsalve, el 23 de noviembre, informaba que alista un viaje a Venezuela que espera poder concretar –dijo– antes del 15 de diciembre para llegar a acuerdos con el Gobierno de Nicolás Maduro en esta materia.
“Se están haciendo todos los esfuerzos para reponer diálogos diplomáticos, tener conversaciones de seguridad, proponer acuerdos y reunirnos presencialmente con ellos “, precisó el subsecretario sobre el estado de las gestiones, publicó EFE.
Medidas sobre migración irregular en Chile
Días antes, el domingo 19 de noviembre, Monsalve hizo públicas nuevas medidas para “facilitar” las expulsiones de migrantes indocumentados.
Esas giran en torno de “fortalecer las capacidades de control migratorio y de expulsión” y detalló –explicó EFE- que el Gobierno utilizará “una facultad que la Ley de Migraciones entrega al subsecretario del Interior de expulsar cuando se considere que hay riesgo para la seguridad interior”.
Chile busca blindarse para frenar la inseguridad y por eso Monsalve señaló que se intentará modificar la facultad de la Policía de Investigaciones (PDI) para permitir a la PDI el ingreso al domicilio para detener a quien ya tiene una orden de expulsión decretada, y que el plazo de la apelación de quien será expulsado se reduzca de 10 a 5 días, continuó EFE.
Vuelos comerciales y expulsión de venezolanos
Es polémico el tema de la inseguridad en Chile. Según las autoridades, recordó la agencia informativa española, en las últimas semanas se han producido varios secuestros extorsivos y el ataque con una granada contra una policía, con personas extranjeras implicadas en todos los casos.
Desde la oposición –publicó EFE hace una semana- “han advertido que si el Ejecutivo no expulsa antes de fin de año a 12.000 migrantes que ya tienen orden de expulsión, presentarán una acusación constitucional contra la titular de Interior”.
En BíoBío, el lunes 27 de noviembre señalaron que, tras el impasse con el avión, “una de las dudas que dejó dicha circunstancia es qué pasaría con aquellos migrantes que tenían orden de expulsión vía administrativa”.
Monsalve aclaró la situación: “Los que estaban en dependencias de la Policía de Investigaciones, algunos ya fueron subidos en vuelos comerciales” y otros se concretarían el mismo lunes.
“Las que estaban detenidas son expulsadas en vuelos comerciales, ya fueron expulsadas”, explicó Manuel Monsalve.
En El Nacional citaron unas declaraciones de una ministra vocera del Gobierno chileno, Camila Vallejo: “Las expulsiones administrativas están a la espera de poder reagendar los vuelos y en torno a eso se ha estado trabajando y esperamos que sea lo antes posible”.
Vallejo dijo que “a través de la Cancillería hemos transmitido como Gobierno, con mucha fuerza, al canciller venezolano lo importante que es para nuestro país concretar las expulsiones”.
Explicó a T13, a comienzos de semana, que de los 12 considerados para expulsiones administrativas, 4 ya fueron expulsados mientras que otras 4 personas están con su proceso pendiente por recursos de amparo.
Ese medio chileno reseñó que “se compraron 13 pasajes para vuelos comerciales” que saldrían, esta semana, con destino a Venezuela.
Todas las personas con orden de expulsión judicial, acotaban, “se mantienen privadas de libertad en distintos penales del país”.
