El plan para convertir la histórica Real Casa de la Moneda de Londres en la embajada china más grande de Europa con un costo estimado de 255 millones de libras ha encendido alarmas entre autoridades británicas y grupos de derechos humanos.
El proyecto, ubicado en pleno corazón de la capital británica, ha generado preocupaciones sobre posibles riesgos de espionaje, ciberataques y vigilancia a disidentes. Varios informes parlamentarios han advertido que China podría utilizar instalaciones diplomáticas para actividades más allá de la diplomacia tradicional, incluyendo el monitoreo a ciudadanos chinos y el uso de tecnologías de vigilancia avanzada.
Organizaciones defensoras de derechos civiles han señalado que el proyecto podría facilitar el acoso a activistas críticos del régimen de Beijing residentes en el Reino Unido. Ante estas preocupaciones, algunas autoridades locales han expresado su oposición, y el proceso ha enfrentado demoras por permisos y protestas.
La Cancillería británica no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, pero expertos en seguridad nacional piden que se revise con atención el alcance y la ubicación de instalaciones diplomáticas extranjeras de alto perfil.
