El Universo .- Un total de trece personas son hasta el momento porcesadas penalmente por el asesinato al estilo sicariato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Se entendería que estas trece personas conformarían claramente los cuatro niveles identificados en lo material de los que habla Zurita: “Hay cuatro jerarquías establecidas solo en el complot material. Eso genera un enorme espacio, un divorcio entre lo que significa quiénes lo hicieron y quiénes ordenaron. Ahí se encuentra el gran reto de la investigación”.
De a poco, la investigación de Fiscalía ha ido dando las relaciones delictivas previas al crimen que aparentemente existieron entre los procesados e incluso con Jhojan David Castillo López, colombiano hoy fallecido a quien se lo ubica como el sicario que disparó y dio fin a la vida de Villavicencio.
Pese a ello, Patricio Carrillo, asambleísta electo por el movimiento Construye y cercano a Villavicencio, insiste en la necesidad de que la Fiscalía, la administración de justicia, los peritos, los investigadores entreguen ya, al menos, unas hipótesis o teorías del caso. “La motivación (del asesinato) es absolutamente clara: es una motivación político-criminal. Por consiguiente, debería haber mayor transparencia”, anotó el general en servicio pasivo.
Otro de los temas en los que tiene reparos Carrillo tiene que ver con que la Policía no ha entregado hasta el momento un informe interno que señale sobre qué documentos se planificó no solamente el día que ocurrió el magnicidio de Villavicencio, sino cómo se planificó la seguridad para todos los candidatos presidenciales. El legislador electo cree que se cometieron errores, los cuales no solo podrían ser negligencias, sino —anota— “omisiones dolosas de carácter penal”.
En su momento, el ministro del Interior, Juan Zapata, indicó que ya está listo un informe con la evaluación general de la orden de servicio que se ejecutó ese 9 de agosto por parte del personal definido para la seguridad de Villavicencio, aclarando que este no es un informe investigativo, pues este, tomando en cuenta los tiempos del cuerpo legal vigente para estos casos, podría demorar hasta 60 días el hacerlo.
Aunque ya estaría listo el informe con la evaluación general de la orden de servicio, Zapata es claro en decir que primero debe hablar con la fiscal del caso antes de hacerlo público, pues no es la pretensión del Ministerio del Interior ni de la Policía entorpecer las indagaciones. De estas declaraciones han pasado casi dos semanas y hasta el momento no se conoce si se dará a conocer el informe que existe, y de ser así, cuándo.
“La Policía es transparente. (…) No tenemos que esconder nada. Sin embargo, este informe también aclara muchas dudas de gente que genera conclusiones y conceptos que no son los correctos”, refirió Zapata días antes de cumplirse el primer mes del crimen de Fernando Villavicencio.
