Virgilio Saquicela, Presidente de la Asamblea, acudió ayer con Marcela Holguín (correísmo) y Mireya Pazmiño (exPK) a la Fiscalía.
Un total de Cinco asambleístas rindieron versión por denuncia penal por el caso Cpccs. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), estuvo en la diligencia en la Fiscalía General del Estado, en medio del receso legislativo este jueves 22 de diciembre del 2022.
Lo hicieron para rendir su versión sobre la noticia criminis que presentaron en contra del ciudadano Manuel Vicente Párraga Quiroz, por haber interpuesto siete acciones de protección a favor de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), que fue censurada y destituida por el Pleno.
Investigación
“La Fiscalía tiene que investigar y luego de su investigación determinar si existe la comisión de un delito y llamar al procedimiento judicial respectivo”, dijo Saquicela, quien requerió agilidad de este organismo frente a lo que calificó de “manipulación de la justicia”.
Además de Saquicela, se presentaron las asambleístas del correísmo Marcela Holguín y Pamela Aguirre; el socialcristiano Esteban Torres; y Mireya Pazmiño, separada de la bancada de Pachakutik.
Cuestionamientos
Los legisladores cuestionaron que Párraga presentara siete acciones de protección con medidas cautelares entre las 15:18 y las 16:49 del 22 de noviembre del 2022 en el cantón La Concordia, de las cuales solo una fue admitida a trámite por el juez Ángel Lindao, quien anuló el juicio político a la mayoría del Cpccs.
“De manera sospechosa se concedió la medida a las 22:38 del mismo día, teniendo como antecedente que todas las anteriores acciones planteadas después del análisis prolijo de los jueces constitucionales del cantón La Concordia fueron inadmitidas”, comentó Pazmiño.
Versión del juez
En la diligencia, los asambleístas solicitaron que también se requiera la versión del juez Lindao por tramitar esta acción de protección en un cantón alejado de Quito, en donde tiene la sede el Legislativo.
Posible destitución
A su vez, Saquicela rechazó que el magistrado amenazara con destituir a los legisladores por desacatar el fallo y alterar el orden democrático.
“Rechazamos la pretensión insólita, ilegal, inconstitucional, inmoral, improcedente, de pretender la destitución de los legisladores”, puntualizó.
El presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, dijo el miércoles pasado que no conoce al ciudadano que presentó las acciones de protección.
Fuente: El Comercio
