La ex presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, ahora es miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales en reemplazo de Virgilio Saquicela
Cinco miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) serán recibidos por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en audiencia de estrados dentro del recurso de apelación que presentó la asambleísta Guadalupe Llori, al negarse la acción de protección que buscaba la anulación de la calificación de la denuncia en su contra, por incumplimiento de funciones.
En la notificación de la audiencia de estrados realizada por la sala especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha también se incluye la excusa de participar en la diligencia judicial del juez provincial Gustavo Xavier Osejo Cabezas, quien supuestamente habría participado en un audio que circuló en medios digitales respecto a una presunta intromisión en la justicia.
El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, solicitó el 14 de mayo ser recibido en audiencia dentro del recurso de apelación que presentó la asambleísta Guadalupe Llori, luego que la jueza Raquel Herrera negó la acción de protección que pretendía dejar sin efecto la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), del 11 de abril pasado, cuando se calificó la denuncia presentada por el legislador Esteban Torres (PSC), por incumplimiento de funciones, y además se dispuso al pleno del Parlamento la conformación de una Comisión Pluripartidista ad hoc, para que procese la denuncia.
La apelación es la última acción judicial a nivel constitucional que le queda a la legisladora representante de Orellana, en su afán de impedir el proceso de destitución. Aunque el hecho de la destitución del cargo se realizó en la sesión plenaria del 31 de mayo pasado con el voto de 81 legisladores.
El legislador Esteban Torres (PSC), también fue notificado de esa diligencia a igual que la asambleísta, Guadalupe Llori. Torres confirmó su participación y señaló que en la audiencia de estrados hará incapié sobre la legalidad en que actuó el CAL, en la calificación de su denuncia y en la conformación de la Comisión Pluripartidista, donde la jueza de primera instancia concluyó que no había afectación constitucional de ningún derecho a Guadalupe Llori. Además, en la sentencia la jueza señala que no se entrometerá en temas políticos.
En todo este lío judicial y en los argumentos que se presentarán, a criterio de Torres, contribuye también la revocatoria de la medida cautelar resuelta por el juez de la Unidad Judicial Penal de Quitumbe el pasado 15 de junio, con lo cual se ratificó la presidencia de Virgilio Saquicela, en el Parlamento hasta mayo de 2023.
Situación de Guadalupe Llori
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En sus cuentas oficiales de redes sociales, la asambleísta Guadalupe Llori, representante de la provincia de Orellana, aún mantiene en su perfil que es la presidenta de la Asamblea Nacional periodo 2021-2023.
Desde el 31 de mayo, cuando fue destituida del cargo, no supera los diez mensajes en su cuenta de twitter, su participación en el pleno desde que fue destituida del cargo es pasiva, y siempre ocupa su curul 94 de espaldas a los legisladores correístas.
El pleno de la legislatura, por resolución, le asignó un espacio en la Comisión de Garantías Constitucionales Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la interculturalidad, donde participaba Virgilio Saquicela.
La mesa legislativa, el 8 de junio, fue notificada de la resolución plenaria, pero Llori no asistió. Luego, hubo tres sesiones en la comisión, solo en dos se conectó de manera virtual, pero en ninguna de ellas abrió la cámara y menos participó en el debate de los temas que aborda la mesa.
La expresidenta aún tiene pendiente dos denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado en contra de los cinco miembros del Consejo de Administración Legislativa y en contra de 93 legisladores.
La primera acción penal la presentó Llori, el 8 de abril a través del coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, por supuesta usurpación de funciones en contra de los legisladores: Virgilio Saquicela (ex BAN), Yeseña Guamaní y Johanna Moreira (ID), Darwin Pereira (PK-R) y Ronny Aleaga (UNES), quienes a criterio de la accionante en la sesión del 6 de abril de 2022, aceptaron la apelación de la presidencia de Guadalupe Llori y en su lugar asumió el primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela.
En aquella sesión, el legislador Darwin Pereira (PK-R) solicitó un cambio en el orden el día ante el CAL con el fin de que se califiquen las tres denuncias planteadas el 5 de abril por los asambleístas Gruber Zambrano (BAN), Esteban Torres (PSC) y los miembros del correísmo Viviana Veloz, Luis González, Blasco Luna y Fausto Jarrín (UNES).
El cambio fue incorporado en la agenda, pero Llori dispuso que se lo tratara al final. Esto provocó la reacción del legislador Ronny Aleaga, quien apeló la conducción de la sesión; la moción fue respaldada por los cinco asambleístas que fueron denunciados penalmente por usurpación de funciones.
La segunda acusación penal la presentó el 26 de abril, por lo que Fiscalía General del Estado inició una investigación previa a 93 legisladores para determinar si incumplieron las medidas cautelares otorgadas a favor de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, cuando en la sesión plenaria modificaron el orden del día el 26 de abril, cuando se integró la Comisión Pluripartidista ad hoc, que procesó la denuncia por incumplimiento de funciones.
El 6 de mayo, personal de la Policía Nacional de apoyo a la Fiscalía acudió hasta el Palacio Legislativo para notificar a los legisladores de que supuestamente habrían cometido el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente.
Fuente: El Universo
