El equipo legal de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), planteó ante la Corte Constitucional dejar sin efecto un fallo emitido por un juez de Manabí, en marzo del 2022, y que incluyó a miles de trabajadores de la empresa en el contrato colectivo.
En la citada fecha, el magistrado de Rocafuerte, Luis Iván Tuquerres, aceptó una acción de protección planteada por el sindicato de CNT, para incluir a 3.000 trabajadores en las prebendas. Su dictamen fue ratificado por la Corte Superior de Manabí, en junio de ese año.
CNT señala que esa inclusión es ilegal, pues el contrato colectivo, de acuerdo a las normas, solo debe acoger a los obreros y no a los funcionarios de carrera, que se rigen bajo la Ley Orgánica del Sector Público (LOSEP).
La Corte Constitucional analizará la decisión de Tuquerres, y de los magistrados de la Corte Provincial. El pedido es que la deje sin efecto, y la declare además “error inexcusable”.
Antes de la sentencia, en mayo del 2022, CNT tenía 1.835 trabajadores amparados en el contrato colectivo, que pasaron a ser 5.659, supuestamente por un derecho constitucional.
Los abogados de CNT señalan que nunca se violentó ningún derecho, que la acción de protección debía ser rechazada, y que el fallo del juez, después ratificado por la Corte Provincial, significó para la empresa un gasto de millones de dólares en privilegios sindicales, incluyendo bonos por antigüedad y por hijos.
