El Colegio de Abogados de Pichincha planteó una Acción de Protección, para detener el concurso que realiza el Consejo de la Judicatura (CJ), para elegir nuevos jueces de la Corte Nacional.
El recurso debería resolverse máximo hasta el viernes, según sus autores.
Paul Ocaña, presidente del colegio, señaló que la intención del CJ: poner los jueces “a dedo”.
El directivo denunció que el proceso se maneja de forma sesgada y con evidente manipulación, para favorecer a los candidatos apegados a cierta línea política.
Como ejemplo citó que cierta aspirante, actual jueza de Azuay, recibió “cero” por no presentar su documentación a tiempo, mientras que otro postulante, con exactamente el mismo problema, fue calificado.
Ocaña también advirtió la falta de idoneidad del supuesto “comité de expertos”, encargado de elaborar las preguntas y calificar las pruebas. A su criterio, de “expertos” no tienen nada, excepto su afinidad política con el organizador del concurso.
Además, está el tema de la “prueba de confianza”, que comenzó como voluntaria, pero ahora es tomada en cuenta para la calificación final.
El Colegio de Abogados, por todas estas irregularidades, exige que se otorgue la Acción de Protección, y que se detenga este concurso que carece de credibilidad.
