El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, tachó este miércoles 21 de enero, de «agresión económica» la «tasa de seguridad» del 30% que impuso el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a las importaciones provenientes de Colombia.
«Rechazamos la medida arancelaria impuesta por Ecuador, una agresión económica que rompe el principio de integración regional», expresó Palma en la red social X.
NOTICIA RELACIONADA Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones de Colombia desde febrero
En su anuncio, Noboa aseguró que su Gobierno ha hecho «esfuerzos reales de cooperación con Colombia», pese a un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales.
El presidente indicó que la medida se mantendrá «hasta que exista un compromiso real» por parte de Colombia «para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume».
NOTICIA RELACIONADA Importaciones clave desde Colombia antes del nuevo arancel
El ministro recordó que Colombia mantuvo vendió energía a Ecuador «cuando su sistema más lo necesitó, exportando incluso en muchas ocasiones más de 450 MW de manera sostenida (90% de capacidad que posee la infraestructura de exportación)».
«Adicionalmente, y previendo que los embalses de Mazar y Coca Codo de Ecuador pudieran estar con niveles bajos, publicamos recientemente una resolución para habilitar que las iniciativas privadas pudieran participar de las ventas de energía entre países, ampliando la cooperación energética ante posibles déficits. He ordenado desmontarla», anunció Palma.
La colaboración entre Ecuador y Colombia en el combate antinarcóticos
Una de las últimas incautaciones se produjo el pasado 6 de enero de 2026, cuando el Ejército encontró 2,2 toneladas en la provincia amazónica de Sucumbíos, que limita con los departamentos de Nariño y Putumayo.
Además, el pasado 24 de diciembre el Gobierno ecuatoriano anunció que mantendría abierto solo un paso fronterizo con Colombia y también con Perú, debido a «criterios de seguridad nacional orientados a combatir al crimen organizado».
