José Julio Neira, secretario de Integridad Pública y director (e) UAFE
La lucha contra el lavado de activos es una de las prioridades del Gobierno de Daniel Noboa.
En diálogo con “Punto de Orden”, el secretario de Integridad Pública y director encargado de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), José Julio Neira, destacó los buenos resultados de este esfuerzo.
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Algo que ha sido posible, dijo, en gran con el apoyo de Estados Unidos.
Trabajo de todos
Neira explicó que, solo en el 2025, la UAFE detectó 1.500 millones de dólares en casos de posible lavado, los cuales fueron trasladados a la Fiscalía General.
Esta cifra casi triplica el promedio anual de otros tiempos.
El funcionario advirtió que la lucha contra este delito, no es solo de la UAFE. Corresponde a los propios bancos, por estar en primera fila, y a las superintendencias de Bancos, Compañías y Economía Popular.
Los controles, anotó Neira, son ahora mejores, gracias al aporte de Estados Unidos, a través de la Oficina del Tesoro y el FBI, que abrió una oficina en Ecuador.
Asimismo, remarcó el crédito ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo, que permitió adquirir nuevas herramientas para la investigación y el análisis.
Neira precisó que, tomando en cuenta su experiencia en el sector privado, es fundamental el intercambio de información, como sucede ahora con Estados Unidos.
Capacitación en contratación pública
En otro ámbito, el secretario mencionó el plan de capacitación que impulsa el Gobierno Nacional, para la contratación pública.
Por lo pronto participaron cerca de 100 representantes de salud, textiles y alimentación, entre otros.
Gracias a estos cursos, la contratación pública será más transparente y responsable.
Según Neira, el régimen concretará una alianza con las universidades, a fin de ampliar la capacitación.
Conflicto con Municipio de Guayaquil
El funcionario reconoció que, en este campo, hubo un conflicto con el Municipio de Guayaquil. Pero dijo que fue inflamado por sus propios directivos, y su afán de estar en medios.
Por ejemplo, en la compra de insulina sobrevalorada.
También la intervención de una empresa de seguridad, que había firmado un contrato con Segura EP por 17 millones de dólares, y que no cumplía los requerimientos de las Fuerzas Armadas, en cuanto al registro del armamento.
